Gabriel Roque Bernardino recuperó su libertad hace unos meses tras más de siete años preso en el penal militar de Mazatlán, acusado de homicidio y tortura en el caso que involucró a un grupo de militares de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada con sede en Ojinaga, en la presunta desaparición y muerte de tres civiles durante la Operación Conjunta Chihuahua en el año 2008.
Su historia es botón de muestra de la serie de irregularidades que mantiene presos a un grupo de oficiales, quienes fueron torturados por agentes ministeriales militares, para que se declararan culpables de una serie episodios que no han sido probados judicialmente.
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Con su liberación, el caso Ojinaga pende de un hilo.El epílogo de la historia del cabo Gabriel Roque Bernardino como interno del penal militar de Mazatlán, comenzó a escribirse aquella mañana de julio del 2016 durante el pase de lista matutino. Ese día ante la sorpresa del resto de sus compañeros, comenzó a tener alucinaciones que alertaron a las autoridades del centro penitenciario de que sus problemas de salud se agravaban.
Trasladado a la enfermería del penal dentro de las instalaciones de la tercera región militar, tuvo que ser sedado para controlar el ataque de esquizofrenia. Días después fue dado de alta y se incorporó con el resto de la población penitenciaria. Semanas más tarde volvió a tener un nuevo episodio sicótico durante la madruga en los dormitorios. El cabo Roque alucinó que el secretario de la Defensa Nacional había mandado un grupo de la policía militar ministerial para que lo sacaran de ahí para torturarlo.
La gravedad de su estado psíquico quedó documentado en una serie de reportes médicos, los cuales tiene copia este Blog, donde se registran el diagnóstico del cabo que fue torturado durante varios días en el verano del 2008 en la guarnición militar de Ojinaga. Las sesiones de tortura tenían el objetivo de que firmara una declaración elaborada por los agentes de la Policía Judicial Federal Militar y ministerios públicos castrenses, como parte del montaje judicial de lo que entonces llamaron “el pelotón de la muerte”. (Ver La compañía que fue encarcelada por un anónimo http://www.estadomayor.mx/718309).
Roque quedó con daños sicológicos posteriores documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyos visitadores aplicaron en 2011 el Protocolo de Estambul, un estudio especializado para detectar las secuelas que deja la tortura en las personas.
En agosto del 2016 el cabo Roque fue diagnosticado con “trastorno de ideas delirantes de tipo paranoide”, según el documento médico legista, ya que “presentaba periodos de estabilidad seguido de periodos de exacerbación de la sintomatología, siendo necesario en ocasiones excarcelarlo y mantenerlo en observación en el Pelotón de Sanidad. Lo anterior se debía que el paciente tenía un mal apego al tratamiento, pues él mismo admitía que había días en no tomaba el medicamento para evitar los efectos secundarios, como la somnolencia diurna”.
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En los meses posteriores, hacia finales del año 2016, el cabo Roque presentó una mejoría general la mayor parte del tiempo, “aunque presentaba fluctuaciones de la sintomatología sicótica, consistentes en alucinaciones auditivas, ideas delirantes paranoides y suspicacia. El día 28 de diciembre de 2016 presentó exacerbación de la sintomatología y recaída del cuadro sicótico por lo que fue necesario conducirlo al Pelotón de Sanidad donde permaneció en observación y al siguiente día el paciente fue trasladado al Hospital Militar Regional de Especialidades de esta plaza, al servicio de psiquiatría, quedándose encamado. Fue dado de alta el 4 de enero del 2017 por presentar mejoría”.
En julio del 2017 el cabo Roque Bernardino fue absuelto por un juez federal de los cargos de tortura y homicidio calificado, delitos que se le imputaron junto a integrantes de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) por la presunta detención y desaparición de un civil de nombre José Heriberto Rojas Lemus, de quien no existen evidencias de que haya sido capturado por los militares procesados. (Ver Los hilos detrás del caso Ojinaga http://www.estadomayor.mx/72797).
El verano del año pasado el cabo Roque recuperó su libertad, viajó a la ciudad de México para reincorporarse al servicio y dio una entrevista exclusiva a este Blog.
Un juicio “viciado”
El cabo Gabriel Roque Bernardino, oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, cuenta que ingresó en el año 2002 al ejército, donde ha estado de servicio durante más de 15 años. Antes de ser enviado a la Tercera C.I.N.E, en Ojinaga, estuvo en el 74 batallón de infantería en Cerro Azul, en aquella entidad.
Cuenta que el lunes 24 de julio del 2017 fue dejado en libertad, después de siete años y tres meses de estar preso en el penal militar de Mazatlán. De forma verbal le informaron que quedaba en libertad por determinación del juez federal René Ramos Pérez, entonces titular del juzgado décimo de distrito en Chihuahua. La razón era que había sido declarado absuelto del delito de homicidio calificado. Para que eso sucediera el juez desestimó las declaraciones del sargento hojalatero Andrés Becerra Vargas, considerado el militar clave en el caso Ojinaga, ya que fue el que acusó bajo presión y con la promesa de salir en libertad a todos los militares involucrados en el llamado “pelotón de la muerte”.
“El sargento Becerra me acusó de haber dado muerte al civil José Heriberto Rojas Lemus, por orden y en presencia del mayor Alejandro Rodas Cobón, segundo comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada el 25 de julio del 2008 en el cuartel. Hecho completamente falso, porque durante el proceso de mostré que esa fecha yo estuve en puesto de control a 90 kilómetros de Ojinaga, hecho corroborado por ocho testigos con los que estuve. Esa mentira del sargento Becerra no nada más me afectó a mí, sino que mantiene en prisión al mayor Rodas Cobón, militar de conducta intachable con más de treinta años de servicios en el ejército”, dice el cabo Roque.
La entrevista se desarrolló el verano pasado en un café del centro de la ciudad de México, a donde llegó acompañado de su entonces abogada, la licenciada Ana Zavala.
–¿Cuál es su lectura del caso?—se le pregunta al cabo Roque mientras toma asiento y pide un café.
Al respecto puedo decir que la causa penal del caso Ojinaga está completamente viciada, pues tiene muchas irregularidades porque todos los testigos fuimos retenidos durante la investigación por parte de la policía ministerial militar, algunos casi un mes, en mi caso me sacaron del cuartel de Apatzingán, Michoacán y me llevaron detenido a Ojinaga, donde fui torturador por los mayores Carlos Alberto Rivera Medeles y Héctor Salgado Urióstegui mediante asfixia con bolsas de plástico, toques eléctricos en los genitales, golpes y quemaduras con cigarro en las muñecas para inculpar al mayor Rodas Cobón y otros compañeros. Pasado el tiempo le puedo decir que me siento decepcionado por la actuación de la CNDH, porque a pesar de que mediante el protocolo de Estambul se estableció que fui torturado, nunca hizo ninguna recomendación a la secretaría de la Defensa Nacional y al juez para que considerara ese hecho, dejándonos a todos en total abandono. En breve reiniciaré mi lucha para que este acto en mi contra no quede impune, porque me privaron del derecho de ver crecer a mi hija en ese entonces de dos años y de cerrar los ojos de mi padre y enterrarlo cuando falleció.
–¿Qué le pide la secretaría de la Defensa Nacional en este momento?
Le pido que no tomen represalias en mi contra por denunciar públicamente los abusos en mi persona y de mis compañeros. Así mismo que deje de proteger a mis torturadores, mayores Rivera Medeles y Salgado Urióstegui, a quienes responsabilizo públicamente de alguna agresión a mi familia o a mi persona, la verdad tengo mucho miedo a estas personas. Le pido también al general Cienfuegos que no se me pongan trabas para el cobro de mis sueldos que deje de percibir durante siete años y tres meses que duró mi encierro. Por último mando un mensaje de aliento a mis compañeros del caso Ojinaga aun presos en el penal militar de Mazatlán, les digo que sigan luchando contra esas acusaciones fabricadas.
El cabo Roque Bernardino dio terminada la charla al poco tiempo. Decía que tenía que ir a la oficina de personal de la Sedena para reportarse. Físicamente no se le veía mermado, aunque durante la casi media hora en que estuvo charlando con su abogada y el reportero, se mostraba distraído, con la mirada inquieta hacia la calle y los edificios aledaños. Como quien descubre la ciudad por primera vez.
Meses después se pudo corroborar que el cabo Roque regresó a servicio, pese al daño sicológico que la tortura le dejó. Se supo que fue enviado a la Segunda Compañía de Infantería No Encuadrada, con sede en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
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