La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a un queja contra el
Estado mexicano interpuesta por militares que participaron en la Operación
Conjunta Chihuahua, por violaciones graves a sus garantías individuales
ocurridas durante la investigación por el homicidio de tres civiles en Ojinaga.
En un hecho inédito, el expediente del caso Ojinaga que involucra al alto mando
militar y al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y que ya marcó un hito
en enero del 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó que fuera la justicia federal la que juzgara a los militares
involucrados en delitos contra civiles, podría ser el primero que lleve a
comparecer a Felipe Calderón Hinojosa y al general Guillermo Galván por su papel
en la guerra contra el narcotráfico lanzada el sexenio pasado.
El ex presidente de México Felipe Calderón
Hinojosa y quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en su gobierno, el
general Guillermo Galván Galván, son investigados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad en la
Operación Conjunta Chihuahua, tras lo sucedido durante los años 2008 y 2009 en
la ciudad de Ojinaga. La CIDH dio entrada hace unas semanas a una queja
interpuesta por tres militares, procesados ante la justicia federal, quienes
acusaron al Estado mexicano de violaciones graves a sus garantías individuales
a raíz de la investigación que en el año 2009, llevó detenidos a un general, un
teniente coronel, un mayor, seis oficiales y 22 efectivos de tropa acusados de
tortura y homicidio de tres civiles en esta ciudad fronteriza.
La queja interpuesta el
año pasado por el mayor Alejandro Rodas Cobón, quien se desempeñó como segundo
comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) en
Ojinaga, por el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi y por el cabo Gabriel
Roque Bernardino, fue admitida con el número de expediente P-870-15, en un
oficio firmado por Elizabeth Abi Mershed, secretaría ejecutiva adjunta de la
Comisión.
El expediente contra Calderón y contra el general Galván, se inició
por autorizar la detención de militares con pruebas “fabricadas”, utilizar la
tortura como sistema para obligar a los tres a firmar “declaraciones” hechas
por quienes los interrogaron, y porque el gobierno mexicano ha omitido la norma
internacional después de que se realizó el Protocolo de Estambul a los
detenidos, y se comprobó que Roque Bernardino tiene secuelas graves por los
golpes recibidos durante el interrogatorio.
Con este procedimiento
iniciado por la CIDH, se abre la posibilidad real de juzgar a la cadena de
mando en la Operación Conjunta Chihuahua, por lo sucedido en Ojinaga, ya que la
queja abarca las principales irregularidades tanto en la investigación como en
el juicio, el cual en enero del 2013 marcó un hito tras un fallo inédito de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó se ventilara en la
justicia federal y no en el fuero militar.
El caso Ojinaga se
remonta al verano del 2009, cuando el entonces comandante de la guarnición
militar de esta ciudad, el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, fue
detenido junto al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, en aquel
entonces comandante de la Tercera C.I.N.E., el mayor Rodas Cobón segundo en el
mando, los seis oficiales y los 22 de tropa, a quienes se acusó de torturas y de
la muerte de tres civiles presuntamente detenidos durante los meses anteriores
dentro de la Operación Conjunta Chihuahua. En el caso del mayor Rodas, del
teniente Huesca y del cabo Roque, no se ha demostrado que participaran en los
hechos que se les imputan. Situación que cambia con el caso del general Moreno
Aviña, quien está acusado por diversos testigos por utilizar pistoleros de “la
Línea”, para presuntamente mandar asesinar a traficantes de drogas de otras
organizaciones.
Cada historia de los
acusados forma parte de un episodio dentro de una trama ocurrida en Ojinaga.
Por el lado de la queja ante la CIDH, su origen es por encarcelamiento con
pruebas fabricadas por órdenes del general Guillermo Galván quien para evadir
su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en la guerra
contra el narcotráfico ordenada por Felipe Calderón, “nos utilizó como “chivos
expiatorios”, explica en entrevista vía telefónica el mayor Rodas Cobón.
“Al
estudiar el caso Ojinaga la Comisión Interamericana va a descubrir que en
nuestro país los órganos jurisdiccionales, y organismos de derechos humanos
como la CNDH, no garantizan nuestros derechos de seguridad jurídica y garantías
individuales en nuestra situación de imputados, y que no están cumpliendo con
sus funciones para lo cual fueron creadas”, dice desde el único teléfono
público que existe dentro del penal militar de Mazatlán, donde se encuentra
detenido junto a sus compañeros desde el año 2009.
Asegura que sus dichos se
sustentan en el hecho de que la CNDH el 14 de febrero del 2011 les practicó el
protocolo de Estambul, un examen físico y sicológico para detectar torturas y
sus posibles secuelas, donde los cabos Roque Bernardino y Miguel Ángel Benítez
Martínez resultaron positivos a la tortura física y psicológica. A casi cinco
años el cabo Roque Bernardino sigue privado de su libertad, añade, y la CNDH
creada para defender los derechos fundamentales no ha emitido ninguna
recomendación por este caso a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Hay que recordar que los
dos militares torturados fueron obligados a confesar la existencia de un
“pelotón de la muerte” implicando a un general, dos jefes, seis oficiales y 22
de tropa, 31 personas, de los cuales 15 recuperaron su libertad y 16 seguimos
en prisión preventiva prolongada por más de seis años, ocasionada por la
dilación sistemática en la presentación de los testigos militares por parte de
la secretaría de la Defensa Nacional”.
Ojinaga y la “Operación
Conjunta Chihuahua”
La historia de la Tercera
Compañía de Infantería con cuartel en Ojinaga, tuvo un antes y un después de
que iniciara la “Operación Conjunta Chihuahua”. A principios de abril del 2008
el general Galván secretario de la Defensa Nacional, encabezó una junta con los
mandos castrenses en las instalaciones de la quinta zona militar en la capital
del estado. Ahí estaban el general de división Marco Antonio González Barreda,
comandante de la onceava región militar que comprende los estados de Coahuila y
Chihuahua; Felipe de Jesús Espitia Hernández, general de brigada, al mando del
cuartel en Chihuahua; su colega Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la
guarnición en Ojinaga, entre otros. En esa reunión se dictaron las directivas
de la operación contra el narcotráfico que tendría su cuartel general en Ciudad
Juárez, donde días atrás el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño había
anunciado el inicio de la estrategia.
Por esos días hubo
cambios en la guarnición militar de Ojinaga. Moreno Aviña, quien había sido
agregado militar adjunto en la Embajada de México en Washington a principios de
los años 90, era el nuevo comandante; y Juárez Ramírez llegaba como jefe de la
Tercera compañía en sustitución del teniente coronel Jacinto Villegas. Eran
tiempos en que Ciudad Juárez y otras poblaciones de Chihuahua estaban en
disputa sangrienta entre los carteles de Juárez y Sinaloa. En Ojinaga durante
el 2007, la Tercera C.I.N.E. encabezada por Villegas, graduado en operaciones
especiales, junto al mayor Rodas, especialista en análisis de información de
inteligencia, habían decomisado 10 toneladas de mariguana y detenido a 40
presuntos narcotraficantes. Hasta ese momento no había quejas ante organismos
de derechos humanos contra militares de ésta unidad. En una junta de
comandantes, los integrantes de la Compañía fueron felicitados por sus acciones
contra el narco por el jefe militar de la región.
Tras los relevos vino una
nueva “orden superior” para los militares bajo el mando del general Espitia.
Ésta era “aplicar el máximo rigor contra el narcotráfico”. Por las mañanas en
la sede de la Tercera compañía, había reuniones entre el general Moreno Aviña y
el teniente coronel Juárez Ramírez. Preparaban la nueva estrategia que inició
con un programa de denuncia ciudadana, buscaban que la gente reportara de
manera anónima dónde se cometían delitos. “El método en algunas ocasiones dio
resultado, en otras fue utilizado por los mismos maleantes para incriminarse
entre ellos, y por la población como motivos de venganzas personales entre
vecinos, esto ocasionó molestias y posteriores denuncias al verse algunas
personas afectadas por revisiones a vehículos, acordonamiento de calles y
cateos a sus domicilios”, señalaron en su escrito ante la CIDH los tres
militares quejosos. Al finalizar el año 2008 la Teercera C.I.N.E. acumuló más
de 50 quejas ante la CNDH por abusos de autoridad, robo, y allanamiento de
morada.
También utilizaron como
informantes a ex pistoleros de “la Línea”, quienes delataron a sus socios y
dieron pistas sobre depósitos de droga. Hubo reacciones muy fuertes, los narcos
de Ojinaga asesinaron al soldado Isauro Pérez López e intentaron secuestrar al
hijo menor del cabo Guillermo Arce García. La muerte del soldado quedó impune y
a su familia nadie le explicó las causas del deceso. Los capos tuvieron que
desplazarse a los municipios cercanos de Camargo y Aldama, donde montaron su
logística para el trasiego de droga. Los soldados de la compañía capturaron al
jefe del narco en Ojinaga, Víctor Samuel Romo, apodado “Zamudio”, quien estuvo
preso varios meses y al salir libre fue asesinado por sus adversarios.
Las quejas contra los
militares aumentaban en los días que ocurrió un altercado entre el alcalde de
Ojinaga, el panista César Carrasco Baeza y el teniente coronel Juárez Ramírez,
por una aparente altercado entre el militar y policías municipales un día
domingo en que se celebraba un encuentro deportivo. Este choque verbal, debido
a que el jefe militar se negó a ser detenido por los municipales en su día de
descanso cuando conducía un auto en aparente estado de ebriedad, motivó una
ruptura entre la autoridad civil del municipio y el mando castrense. El alcalde
era primo del entonces gobernador Reyes Baeza, a finales de julio del 2009
ambos visitaron al general Galván en la secretaría de la Defensa. Poco después
comenzó la investigación contra la Tercera C.I.N.E. que desembocó en la
acusación contra el general Moreno Aviña, el teniente coronel Juárez Ramírez,
el mayor Rodas Cobón, y el resto de coacusados, por la muerte y tortura de los
civiles Esau Samaniego Rey, José Heriberto Rojas Lemus y Erick Campos
Valenzuela, quienes estaban reportados como desaparecidos en diarios locales.
El caso Ojinaga comenzó
con una movilización a gran escala. Un grupo especial de la Procuraduría de
Justicia Militar que venía de la Ciudad de México, aterrizó a bordo de un avión
Hércules de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Chihuahua el 18 de agosto del
2009. La nave serviría para trasladar a tres docenas de detenidos.
De Chihuahua viajaran a
Ojinaga donde 30 integrantes de la Policía Judicial Militar tomaron la base de
la Tercera Compañía. Apoyados por varios soldados acordonaron el lugar,
mientras 14 agentes del ministerio público castrense al mando del coronel
Sergio Hernández Cancino, jefe de averiguaciones previas, asumieron el control
del cuartel.
Reforzaron los accesos,
formaron a los poco más de 200 integrantes de la Compañía, les quitaron
teléfonos celulares y les dijeron que traían orden de investigarlos. En caso de
que hubiera alguna responsabilidad, decían que los ayudarían. Los encerraron
hacinados en los dormitorios, uno por uno fueron llamados para ser interrogados
con un preámbulo donde les pedían nombre, responsabilidad en la Compañía y
operativos en los que había participado. Cuando alguno tenía antecedentes de
haber intervenido en acciones que consideraban relevantes, lo sujetaban para
llevarlo a un salón contiguo donde lo amarraban, con amenazas comenzaban los
golpes y torturas para “apretarlo” y obligarlo a declarar para inculpar a otros
miembros de la Compañía. Llegado el momento, el segundo comandante de la
judicial militar, el mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, aparecía con unas
hojas mecanografiadas que obligaba a cada uno a firmar como si fueran sus
declaraciones.
Durante casi un mes,
soldados y oficiales estuvieron retenidos mientras eran sometidos a golpes,
amenazas y torturas para obligarlos a firmar actas ministeriales elaboradas de
manera previa con algunas historias tomadas de recortes de periódicos. El 13 de
septiembre del 2009, una fecha con alto valor simbólico para todos los
oficiales del ejército por ser aniversario de la gesta de los Niños Héroes de
Chapultepec, el teniente coronel Juárez Ramírez, comandante de la Tercera
Compañía, el mayor Rodas segundo en el mando, seis oficiales y 22 de tropa,
junto al general Moreno Aviña, comandante de la guarnición militar, fueron
llevados al penal militar de Mazatlán, Sinaloa. Estaban acusados de robo,
delitos contra la salud, torturas, asesinato de tres civiles y violación a las
leyes de inhumación en la modalidad destrucción de cadáver.
Varios de los detenidos
llegaron severamente golpeados al penal. Al paso de los meses dos de ellos, los
cabos Roque Bernardino y Benítez Martínez, presentaron secuelas sicológicas por
tortura ante visitadores de la CNDH que los revisaron en la prisión militar del
puerto. Al ser interrogados por los enviados de la Comisión sobre cuál había
sido el motivo para presentar la queja pasado casi un año después de su
detención, los militares entrevistados dijeron que fue porque se dieron cuenta
de la gravedad de los delitos que les imputaban ya que las primeras
acusaciones, como robo y delitos contra la salud quedaron sin sustento. Pero
cuando se percataron que estaban acusados de tortura y asesinato, decidieron
denunciar que habían sido torturados para obligarlos a inculparse unos a otros.
En julio del 2012 la CNDH
emitió su informe, del cual se tiene copia, donde determinó que los cabos Roque
Bernardino y Benítez Martínez habían quedado con secuelas por las torturas. En
otro documento la dependencia consideró que existían evidencias suficientes
para que la secretaría de la Defensa Nacional, iniciara procedimiento
administrativo para indagar probables conductas ilegales en la investigación y
detención de 30 integrantes de la Tercera Compañía. La Sedena realizó una
investigación administrativa de forma unilateral, denunciaron los oficiales
procesados, con “favoritismo hacia a los agentes de la policía judicial militar
sin entrevistarnos a nosotros que interpusimos la queja”.
La secretaría de la
Defensa Nacional al ser juez y parte, determinó que no había responsabilidad de
los agentes.
Turno para la CIDH
Ante el cúmulo de
irregularidades, el mayor Rodas, el teniente Huesca y el cabo Roque decidieron
denunciar su caso ante la CIDH el año pasado. Una vez que la Comisión
Interamericana aceptó su queja, los escenarios que se vislumbran es que la
línea de mando en la Operación Conjunta Chihuahua, en el caso Ojinaga, comience
a ser investigada. Lo cual sería un hito en la historia contemporánea del país.
En su escrito de
denuncia, los tres militares señalaron que la “cadena de mando” en el 2008 y
2009 estuvo conformada por el presidente de la República Felipe Calderón
Hinojosa, “quien declaró la guerra contra el narcotráfico en su calidad de
comandante supremo de las fuerzas armadas”. Por el secretario de la Defensa
Nacional y alto mando del ejército y fuerza aérea, Guillermo Galván Galván,
“responsable directo de la conducción de las operaciones militares”. Por el
general de división Marco Antonio González Barreda, comandante de la onceava
región militar con sede en Torreón, Coahuila, “responsable directo” de las
operaciones militares desarrolladas en su jurisdicción territorial. Por el
general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la quinta
zona militar en Chihuahua, “responsable directo de las operaciones militares”
en su área dentro de la Operación Conjunta Chihuahua, de quien emanaban las
órdenes militares para ser ejecutadas por la Tercera C.I.N.E.”. El general de
brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, actualmente detenido, comandante de la
guarnición de Ojinaga, quien supervisaba el cumplimiento de las órdenes. Y por
el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, también preso, comandante de la
Tercer Compañía de Ojinaga, “responsable directo de las operaciones y
actividades que realizaba la unidad”.
El que la CIDH intervenga
podría llevar a que el juicio se acelere, se dicte sentencia y comience una
etapa en otras instancias. En caso de que haya sentencia condenatoria, explica
el mayor Rodas, “en el recurso de apelación podría ordenarse
reponer el procedimiento. Un tercer escenario es que derivado de la
recomendación de la Comisión se acelere el proceso y al llegar a la última
instancia (amparo directo) debido a múltiples irregularidades nos absuelvan”.
En ese contexto se podría
esperar, dada las notorias violaciones de derechos humanos de todo el personal
imputado en el caso Ojinaga, que la CIDH determine que el Estado es responsable
de dichas violaciones al debido proceso, que se investigue y sancione a los
responsables de la tortura física y sicológica de los dos soldados, y se repare
los daños ocasionados. En caso de existir voluntad política para ir más allá,
concluye, “se tendrían que introducir cambios al ordenamiento legal que rige el
fuero militar para que este sea auditado por el Poder Judicial y sus
actuaciones no sean por orden del secretario de la Defensa Nacional como lo es
hasta ahora, hecho que da lugar a muchos abusos”.
fuente.-
Juan Veledíaz
@velediaz424
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: