CARCEL a EX-FUNCIONARIO del BRONCO y ASESOR de CABEZA de VACA por TRANSA de 30 MILLONES...las pruebas callan el discurso de la decen$ia.

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Al no existir certeza de la existencia de 200 mil cobertores que el Estado reportó haber adquirido en diciembre del 2015, en un caso conocido como el cobijagate, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo Leon (ASE) determinó que debe procederse penalmente contra quienes resulten responsables de un daño al erario de casi 30 millones de pesos.

La ASE remitió ayer al Congreso local la cuenta pública del Gobierno Central del 2016, correspondiente al primer año completo de Gobierno de Jaime Rodríguez, y en ella determina que hay elementos suficientes para presentar una denuncia penal por esa operación y buscar, además, el resarcimiento del daño causado.

"Sabemos que lo del tema del cobijagate, la compra de 200 mil cobertores", dijo ayer Gloria Treviño, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, "fue una operación simulada y que el informe de la cuenta pública del Gobierno Central del 2016 viene, por ese tema, con fincamiento de responsabilidad penal.

EL NORTE dio a conocer el 9 de febrero del 2016 la compra de las 200 mil cobijas a sobreprecio realizada en diciembre del 2015 a Comercializadora Mirof, por parte del Subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, y el director de Adquisiciones del Estado, Gonzalo Padilla.

Benavides renunció 12 días después y actualmente es funcionario en el Gobierno de Tamaulipas. Padilla aún conserva su cargo.

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El 15 de septiembre del 2016, la Administración de "El Bronco" atribuyó a un error del proveedor que el Gobierno hubiera recibido y pagado cobertores que no cumplían las especificaciones y sancionó a Benavides y a Padilla con multas por 274 mil y 244 mil pesos, respectivamente.

Además, Ernesto Canales, Subprocurador Anticorrupción, acordó con Mirof la entrega de 60 mil cobertores como reparación del daño y descartó ir por la vía penal.

Sin embargo, el Congreso local instruyó a la ASE a realizar una revisión especial.

Treviño dijo que lo que preocupa ahora es que la denuncia de la ASE tendría que hacerse ante la Procuraduría estatal y que ésta podría asignar el caso a Canales, quien ya determinó que no había delito alguno.

"No queremos que la vayan a dejar en el cajón", expresó, "porque son los mismos actores que ya habían dicho que no había delito".

Ayer, la Comisión de Vigilancia recibió 140 cuentas públicas del 2016 que hoy serán remitidas a Comisiones para su dictamen.

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