Una demanda federal fue presentada en contra del gobierno de Estados Unidos por la revisión de laptops y teléfonos celulares como parte de sus políticas en materia de migración.
Los demandantes consideran que dicha práctica en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios, mientras que el gobierno de Donald Trump argumenta que los cacheos son cruciales para la defensa del país y su acusación va contra altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, así como las dependencias de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Aduanas (ICE).
En el mundo digital de hoy, éstas búsquedas no se deben realizar sin orden judicial, sostienen la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU).
“La gente ahora almacena su vida entera, incluso asuntos personales y de negocios de extrema sensibilidad, en sus teléfonos, tablets y laptops, y es razonable que los lleven consigo cuando viajan”Sophia Cope, la abogada de la fundación Frontera Electrónica
La Cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable, señalaron los activistas y llamaron a la autoridad a no evadir la constitución en su intento por proteger la seguridad.
Los datos:
- Las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos
- El gobierno puede realizar cateos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior
- Los demandantes son un artista, dos periodistas, un conductor de limusina, dos estudiantes, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la NASA.
Los agentes de frontera registraron los dispositivos electrónicos de los demandantes cuando regresaron de viajes al exterior, según la demanda. Ninguno había sido acusado jamás de delito alguno. Los agentes confiscaron los aparatos y los conservaron durante semanas o meses. Uno de los objetos, confiscado en enero, no ha sido devuelto.
Seguridad Nacional no hizo declaraciones sobre la demanda. Pero el gobierno ha dicho que los registros son sumamente inusuales. Entre octubre del año pasado y fines de marzo afectaron a menos de una centésima del 1% de los 189,6 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos.
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