La Coordinación Nacional Antisecuestro, que
encabeza Patricia Bugarín Gutiérrez, comenzó a hacer visitas de
supervisión a los estados, con el objetivo de vigilar que se ejerzan los
recursos que la Federación aporta para combatir ese delito..
En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria explica que por el momento han acudido a tres Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro, y aunque prefiere no mencionar a cuáles, señala que a partir de las visitas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la facultad de auditar y, en caso de que no se utilicen los recursos para el fin específico, podría reducir el fondo para los estados con irregularidades.
Desde su oficina, Bugarín Gutiérrez detalla que para atacar el delito del secuestro se necesita la voluntad política de los gobernadores, fiscales y procuradores; la homologación de todas las unidades para que cuenten con todas las herramientas necesarias y, sobre todo, la prevención del delito.
Aunque prefiere no señalar de manera directa, la coordinadora Nacional Antisecuestros afirma que hay seis entidades en las que el trabajo es lento, por lo que hace un llamado a los gobernadores a priorizar y ver que el secuestro es un delito que requiere de acciones coordinadas.
Asegura que el gobierno federal apoya de manera responsable a las entidades para combatir este flagelo, pero cada estado debe asumir su responsabilidad y atender sus obligaciones.
¿Cuál es el panorama sobre el secuestro en el país?
—Es importante cómo se ha venido evolucionando con las unidades especializadas, con las procuradurías y fiscalías; ha sido un poco complicado, si tomamos en consideración que hay una coordinación nacional de la que las unidades no dependen y parecería un contrasentido.
El objetivo de esta coordinación, desde su creación en 2014, es dejar en claro que hay un interés especial de la Federación en los estados; la traba que tenemos es vincular a las unidades desde el aspecto operativo: intercambio de información, comunicación, una visión homologada por parte de los fiscales y procuradores, que es un poco en lo que nos hemos detenido porque es difícil convencerlos de que hay que homologar las condiciones de trabajo y de las unidades, incluso a los gobernadores.
Hay que hacerles entender que es un delito que merece verse con una mirada muy concentrada para poder comprender que necesitamos homologar las condiciones. Si un estado que tiene la menor incidencia no le da la importancia que merece a la atención del delito, eso impacta en las entidades vecinas.
Hemos estado trabajando en lo que va del año en un estudio del fenómeno a nivel regional y no estatal, así entendemos que hay variantes y cambios, que la delincuencia se mueve. Trabajar de manera coordinada, ese ha sido el principal reto.
¿Cuáles son esas regiones?
—Hemos dividido al país en cinco regiones: noreste, noroeste, occidente, centro y sureste. Desde este aspecto las regiones permiten que los titulares de las unidades se reúnan y compartan información, esto les da una mayor amplitud, pero también la suma de herramientas.
Hay regiones que por sus características orográficas de atención al delito tienen más recursos y otros que no tienen los mismos y que tampoco le han destinado la misma capacidad al área.
Las unidades entendieron y ahora debemos convencer a los fiscales y procuradores de que trabajar de manera coordinada y sumar herramientas es la forma en la que podemos combatir de manera más eficaz el delito.
¿Qué región del país es la más complicada?
—Si lo vemos así, yo diría que noroeste y noreste porque estamos hablando de zonas que coinciden con la frontera, que tienen características por su densidad geográfica, las cuales hacen mucho más difícil poder dar un resultado inmediato a las acciones contra este tipo de delitos. Pero también tenemos la región centro, que integran el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Querétaro y Puebla, que tienen características específicas, no por el aspecto geográfico, sino por la concentración de personas.
En la zona sureste encontramos estados como Yucatán o Campeche, que han estado cerca de dos años teniendo una expresión delictiva mínima; el primero lleva dos casos en lo que va del año; Campeche está en cero; Baja California Sur está en cero. Pero son entidades que no por eso tienen que bajar la guardia o decir que van a desestructurar su unidad bajo el argumento de que no hay delitos.
¿Cómo ganar la confianza de la ciudadanía cuando todos los días hay secuestros?
—Resulta complicado, pero no es algo imposible. La confianza se gana con resultados. Tiene que irse dando con hechos estructurados, como es la visión o la imagen que el estado le quiere dar a la atención del delito, desde sus instalaciones hasta cómo preparar al personal.
En el caso de las unidades hemos insistido en que deben estar integradas por cuatro áreas específicas: Ministerio Público; policías bien capacitados en asesoría, inteligencia y área táctica, servicios periciales y atención a víctimas, son vitales.
Cuando una unidad no tiene una de esas áreas es complicado atender a las víctimas y familiares. Se tiene que dar la garantía a víctimas y familiares de que habrá discreción en el trabajo, que la información no saldrá del área.
En lo que hemos insistido es en que las unidades deben tener su propio personal. Hoy podemos considerar que todos los titulares de las unidades tienen muy claro su papel. Las propias víctimas son quienes pueden decir si se está generando confianza.
¿Qué unidades cumplen con estas características?
—Los 32 titulares a nivel estatal y el titular a nivel federal están totalmente preparados, saben el compromiso con la sociedad. Hay algunas que se han conformado mucho mejor en su infraestructura, con instalaciones bastante completas.
Cada día se hace más patente que la que está mejor integrada da mejores resultados.
La tendencia es que todas las unidades tengan su propia estructura y áreas independientes. Se requiere de equipos especializados, chalecos y vehículos, depende del tipo de zona.
¿Cuáles son las unidades que tienen las mejores estructuras?
—Michoacán, Morelos, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México con algunas características que hay que mejorar en algunas u otras. Pocas nos faltan por corregir, son las menos, y espero que no pase mucho tiempo para que podamos decir que todas están en igualdad de condiciones.
Se ha trabajado en pedir homologación, sobre todo en salarios, que es una discrepancia en la zona sureste, en donde son más bajos frente al noreste. Se ha insistido en homologar las condiciones de todas las unidades.
¿Cuáles son esas pocas unidades?
—Hablamos de unas cinco o seis que esperamos que tengan resultados pronto porque hemos estado trabajando el tema del uso adecuado de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; es decir, los fondos federales y estatales.
Llevamos a cabo una visita de supervisión en tres estados y el Secretariado Ejecutivo es el que tiene la facultad de auditar.
Hemos tenido el apoyo de casi todos los gobernadores; no quiere decir que haya negativa, sino que el tema es de buscar prioridades.
¿Cuáles son esas entidades que faltan?
—Es complicado señalar, porque entonces la reacción es más adversa que positiva, pero en enero podríamos hacer un recuento.
Pero no se puede ocultar la realidad, ¿el estado de Guerrero está dentro de esas?
—Sin duda, ha sido más lento. Se está dando el cambio, pero es lento. La unidad está trabajando con y sin condiciones; a veces sin apoyo. En Guerrero me costó trabajar con la sociedad civil, porque el primer reclamo fue que no querían trabajar con la unidad.
La unidad de Guerrero requiere muchas cosas, pero el grupo trabaja bien. Vamos a trabajar, como lo dijo el Presidente, apoyando corresponsablemente, pero hay obligaciones de cada estado que se deben cubrir y así tiene que ser. Estaremos coadyuvando, pero cada quién tiene que tomar la responsabilidad de lo que sucede en su estado.
¿Entonces hace falta voluntad política a gobernadores, por ejemplo, de Guerrero o San Luis Potosí?
—Si consideramos que el gobernador no va a sentarse con las unidades a escucharlas para saber cuál es su problemática, hace toda la diferencia.
En aquellos casos en los que vemos que el gobernador sí tiene tiempo para escuchar a sus unidades antisecuestro, cambia toda la visión y hay buenos resultados.
Hemos insistido en que es importante esa voluntad política, que es necesario que lo entiendan como algo que les exige la ciudadanía.
¿Qué entidad se resiste a darle la prioridad al delito del secuestro?
—Más que resistirse es un poco poner en la balanza sus necesidades. Pero no puede ser así, se tiene que priorizar.
Hay que priorizar, no será lo mismo hablar de un alto índice de robo de vehículos a un secuestro.
No es lo mismo recuperar 100 automóviles al mes que rescatar a una víctima de secuestro viva.
Hay que establecer qué delitos son prioritarios y qué es lo que daña más a la sociedad.
Estamos trabajando para tratar de homologar a todos.
¿Cómo hacerle cuando hay una debilidad institucional a nivel municipal para combatir el secuestro?
—A partir de mayo hicimos la división por regiones, arreciamos la vinculación con otras instancias, como las de seguridad pública, que son las áreas de prevención. Eso es uno de los puntos importantes que no debemos perder de vista.
Yo pondría en primer plano la voluntad política; si los gobernadores tienen claro lo que significa el impacto no solamente en la víctima, porque también impacta en una familia y un grupo social; si lo vemos de manera sistémica puede afectar a toda una zona.
Si es un generador de trabajo puede provocar un impacto en la zona, romper empleos. Afecta a todo un núcleo. Lo que deben entender los gobiernos locales es que tenemos una obligación: dar un servicio, que las unidades se coordinen y que sepa la ciudadanía que va a tener un área especializada y lo va a acompañar durante todo el proceso.
¿En qué región se cometen más delitos de secuestro?
—En 2015 estuvo a la cabeza Tamaulipas, hoy no es el caso porque ha bajado casi a 50%; están arriba el Estado de México, Tabasco, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.
En la zona centro el más alto es el Estado de México, en la zona noreste es Tamaulipas.
No me gusta mucho hablar de números porque nos puede llevar a errores, si Campeche tuvo un caso el mes pasado y al siguiente dos, la estadística nos dirá que subió al doble. Eso es complicado.
Fuente.-
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