"GOBIERNAN JUECES o GOBIERNA el ESTADO ?"...sintomas del debilitamiento del "poder político".

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Con la creciente impotencia del presidencialismo, el Poder Judicial emerge como última red. Aparejos hechos de controversias, cuerdas de presión, mallas de disputas entre la Federación y estados. También último refugio de ciudadanos ante abusos de autoridad, fallas de gestión en políticas públicas y hasta inacción de los gobiernos. 

¿Síntoma de fortalecimiento o debilidad de instituciones políticas? Pero el gobierno de magistrados y jueces es también una red en la que se negocia la justicia en las verjas de la corrupción de uno de los poderes menos transparentes, a pesar de su obligación de hacer cumplir el Estado de derecho.

La mayor independencia del Poder Judicial en los últimos tiempos es una nota positiva para la democracia y la división de poderes. Magistrados y jueces que durante décadas actuaron por consigna política ahora tienen una autonomía que los eleva en actores centrales de la comunidad. Hoy tienen un papel decisivo en debates sobre constitucionalidad de garantías fundamentales como el aborto o el matrimonio gay, así como controversias sobre derechos humanos. Y más aún su ámbito de influencia se extiende al control de la legalidad de leyes como la Reforma Educativa y hasta la gestión de políticas públicas que afecten derechos como los bloqueos de la CNTE.

Por ejemplo, recientemente conocimos la resolución inédita de un juez que ordenó al gobierno federal y al de la CDMX abrir la circulación en Bucareli, donde son habituales los plantones de la CNTE, que está en contra de la Reforma Educativa desde hace cuatro años. Lo que parecía imposible lo logró un sacerdote jesuita holandés radicado desde 1977, John Andrew Auping Birch, que hace cinco meses, como vecino de la zona, se amparó por afectaciones a su legítimo interés al libre tránsito.

Otro juez federal admitió un amparo de la Coparmex por inacción del gobierno federal y de cuatro estados (Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero) contra los bloqueos de la CNTE en perjuicio de los derechos humanos. La cúpula empresarial reclama que la vía judicial es un “grito desesperado” de industriales y comerciantes ante pérdidas millonarias por el conflicto magisterial en las calles y ahora los gobiernos tendrán que rendir informes sobre las omisiones que se les atribuyen en su obligación de preservar el orden y la paz. Ya en julio pasado un juez dio un amparo a Mexicanos Primero, que dejó “insubsistentes” acuerdos con la CNTE, que el gobierno recurrió. Así como otro fallo de la Corte que en mayo validó la Ley General del Servicio Profesional Docente respecto de licencias laborales y cambios de planteles educativos.

La nueva ley de amparo extendió el gobierno de los jueces a la protección y tutela de derechos humanos. Esto implica que pueden entrar a juzgar casi de cualquier asunto de gestión o de política pública bajo la interpretación pro homine de la reforma de derechos humanos de 2009. No está mal, salvo la enorme sobrecarga de asuntos en los juzgados. Y, sobre todo, el desfase de este avance democrático con las miles de víctimas que no encuentran respuesta de la justicia, la liberación de presuntos narcotraficantes o la suspensión de la obligación de comparecer ante los tribunales de políticos como el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por acusaciones de corrupción, con garantías irrisorias de cinco mil pesos.

No hay que olvidar que si de alguna institución la sociedad ha perdido confianza es en el Poder Judicial, por corrupción e impunidad. Su nuevo protagonismo es síntoma del debilitamiento del poder político, pero ahora puede ser una oportunidad para que éste reaccione y vuelva a ocupar los vacíos que llenan magistrados y jueces. La responsabilidad del Poder Judicial es impartir justicia, no evitar males mayores en la actuación u omisión de los gobiernos. Por tanto, su incursión en el ámbito de la gestión debe ser un llamado a los Ejecutivos a que ocupen la localidad, ¿no cree?

Fuente.-Jose Buendía Hegewisch