Ante una débil e ineficaz impartición de justicia en México, que deja impune a los autores de cientos de miles de crímenes sin resolver, los órganos responsables de ejercerla atraviesan desde hace varios años severos problemas por la imposición de funcionarios en cargos directivos sin tener la experiencia necesaria, así como la corrupción que se ha apoderado de las instituciones y la penetración del crimen organizado en las estructuras y cuerpos policiales y de seguridad nacional.
Uno de los casos más recientes que llamó la atención internacional y que expone esas deficiencias del Estado mexicano, al exhibir la incapacidad del gobierno para hacer bien su trabajo, es la fuga de Joaquín Guzmán Loera de una prisión de máxima seguridad, lo que ha motivado una intensa investigación ministerial para lograr determinar qué niveles de gobierno estuvieron involucrados y hasta dónde penetró —mediante sobornos— el Cártel de Sinaloa para lograr evadir al peligroso delincuente. Hasta ahora son conocidos varios despidos en los sistemas carcelario y de seguridad, sin duda el más importante es el de Monte Alejandro Rubido García de la Comisión Nacional de Seguridad.
Es en medio de ese sigilo propio de una investigación ministerial —más aún cuando se trata de castigar a quienes hayan planeado y participado directamente en la fuga del principal narcotraficante de drogas en el mundo— que llama la atención que un juez federal, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), haya dictado hace unos días un auto de formal prisión en contra de dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), principal órgano de inteligencia del país, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Y digo que llama la atención porque entre las responsabilidades del Cisen están las de vigilar a los delincuentes más peligrosos capturados, y en la fuga de Guzmán Loera ese órgano de seguridad nacional tenía acceso —desde sus instalaciones en Camino Real a Contreras— al sistema de vigilancia de la celda, por lo que el director general del Cisen, Eugenio Ímaz, debería también considerar la posibilidad de renunciar, si no porque estuviera directamente involucrado en la fuga —eso se sabrá al concluir las indagatorias—, sí porque era parte de su responsabilidad y fue omiso y negligente, sin descontar que este funcionario es uno de los que carecen de la experiencia necesaria para ocupar ese importante cargo.
Sin conocer los nombres y los cargos de los dos empleados del Cisen presos por su presunta participación en la fuga de Guzmán Loera, se confirma que el Cártel de Sinaloa —comandado por el recién fugado narcotraficante— logró infiltrar al principal órgano de seguridad nacional del país, sin que los controles internos del organismo funcionaran adecuadamente. Esto demuestra la inoperancia e inseguridad interna que hay en dicho Centro, pero será el presidente de la República quien decida si mantiene en el cargo a Eugenio Ímaz a pesar de las fallas constantes que se han tenido en materia de seguridad en la actual administración.
Esa poderosa banda criminal también ha alcanzado otras áreas de gobierno como la PGR, en donde varios funcionarios son investigados por su probable intervención en diversas acciones que permitieron la fuga de Guzmán Loera. De acuerdo con una nota de Alfredo Méndez del diario La Jornada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada investiga a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales porque “personal de esa instancia frenó deliberadamente los trámites para la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se fugó del penal federal del Altiplano el pasado 11 de julio”.
Con tal nivel de cooperación de funcionarios encargados de hacer que se cumpla la ley, Guzmán Loera decidió salir del penal del Altiplano cuando se enteró que el gobierno de Estados Unidos tramitaba su extradición; es decir que sólo estaba de paso en dicha prisión y, en el momento que quiso, armó su huida con el apoyo de varios grupos de servidores públicos de distintas oficinas de gobierno y que están al servicio del crimen organizado.
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