Con instituciones judiciales infiltradas por la delincuencia y las amenazas de los grupos la profesión de abogado o el litigar en Tamaulipas se ha vuelto una actividad de riesgo.
Licenciados asesinados, secuestrados, amenazados, exiliados no es ninguna novedad entre el gremio de profesionales del derecho.
Durante los últimos ocho años, ejercer la profesión de abogado y en particular llevar asuntos del ramo penal se ha vuelto no sólo difícil debido a lo complicado de los asuntos como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, porte de armas de uso exclusivo del Ejército, narcomenudeo sino ante todo por las amenazas de que son objeto por parte de los grupos delictivos.
En Ciudad Victoria han muerto cinco abogados que se dedicaban al derecho penal, otros seis han sido secuestrados, amenazados y otros más incluso se han tenido que ir con sus familias a otros regiones del país.
En Tamaulipas los abogados han dejado de litigar los asuntos penales ante las amenazas de grupos delictivos, indicó Javier López Rios, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas, quien mencionó que más de un 90% de los asuntos del ramo penal son llevados por los defensores de oficio que asigna el gobierno a los acusados.
Comentó que son muy pocos los abogados los cuales se hacen cargo de llevar casos del ramo.
Añadió que abogados han sido asesinados secuestrados, golpeados, amenazados por defender a tal o cual o persona, o bien por no poder sacarla de la cárcel.
López Ríos, apuntó que no existen condiciones para poder litigar con tranquilidad y confianza esta rama de la abogacía.
Ante esta situación más de un 90% de asuntos judiciales del ramo penal son llevados por los defensores de oficio que el gobierno asigna a los procesados.
Homicidio, secuestros amenazan a los litigantes del derecho
CJ quien durante más de 16 años ejercicio su actividad de abogado en el ramo penal, señaló: "hasta en la defensa de un acusado se da la revalidad entre los grupos de delincuentes. Si defiendes a una persona vienen los del grupo rival y te amenazan de que abandones el caso o lo pierdas".
JCH, quien laboro dentro del Poder Judicial y posteriormente se dedicó atender asuntos del fuero penal, comentó:
Sostiene que las instituciones de procuración y administración de justicia se encuentran infiltradas por la delincuencia desde ahí les avisan a grupos que abogado anda defendiendo a cada acusado.
Y agregó: "las amenazas no son solo porque defiendes a tal o cual acusado. Sino también es presión para que defiendas alguien y lo saques de la cárcel o si fracasas te va la vida".
Los abogados consultados y que reservaron sus nombres por temor a las represalias coincidieron en señalar que actualmente no más del 6% de los profesionales de la abogacía se dedican a los asuntos penales. "Preferimos atender asuntos del ramo civil divorcios, reclamo de pensiones alimentarias asuntos menores por así decir".
CJ sostiene que los mismos Agentes del Ministerio Público son amenazados y por ello una deficiente integración de los expedientes de los acusados lo cual viene a facilitar sacar a la persona de prisión.
Ambos abogados también coincidieron en que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vendrá a complicar pues ahora con los juicios orales públicos el abogado defensor, el fiscal y el juez quedan expuestos.
Ahora para la ley ya no existen los delitos graves que deben recibir otro tratamiento.
Los asesores atienden un promedio de 200 casos cada uno.
Reitera CJ que ante tal carga de trabajo que tienen los defensores de oficio es evidente que existe una mala calidad en el trabajo así un 75% de los reos se encuentran en la indefensión al no ser bien llevados sus casos. "Sus casos, expedientes no se revisan se quedan archivados y ellos abandonados en la cárcel".
Otro aspecto que incide en la calidad del trabajo de los defensores de oficio es que mientras estos ganan no más de 20 mil pesos, los Ministerios Públicos tienen un ingreso superior a los 40 mil pesos, siendo que la ley establece que los salarios de ambos deben estar homologados. Existe una enorme diferencia entre el sueldo de un defensor público y un agente del Ministerio.
Agregó que todo esto no se presenta sólo en el fuero común también en el fuero federal es la misma situación.
JCH advierte que el problema no está solo en el ramo penal sino también mercantil cuando se trata de asuntos de cobranza. Igualmente se reciben amenazas para que desistas del cobro de una deuda, sostuvo.
"Todavía hace algunos años si tomabas algún asunto del ramo penal indagabas si no enfrentarías problemas al asumir la defensa de tal acusado. Pero ahora lo mejor es ya no atender asuntos penales", puntualizó CJ.
Sin capacidad para defender a acusados
Por su parte, Rosario Garza Hinojosa, director del Instituto de Defensoría Pública mencionó que los asesores del Instituto litigan el 94.5 por ciento de los asuntos judiciales en Tamaulipas, debido a la negativa de los abogados privados de llevar los proceso penales.
Ante este escenario, se requiere que se homologue el salario de los defensores de oficio con los ministerios públicos de acuerdo artículo 17 constitucional a fin de que tengan condiciones laborales equitativas y justas.
Rosario Garza destacó que hoy en día la tarea de los defensores públicos es horizontal a la de los Ministerios Públicos frente a un Juez de control o enjuiciamiento.
Actualmente los abogados de oficios perciben en promedio entre 18 y 20 mil pesos menos que un ministerio público el cual percibe hasta 40 mil pesos, lo que por la naturaleza de sus funciones, la peligrosidad de las mismas y la carga de trabajo los pone en desventaja.
Fuente.-LaSillaRota.
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