La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinó este lunes la suspensión de derechos de militante al gobernador Javier Duarte y otros de sus colaboradores: Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.
El presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles, indicó que se hizo una revisión minuciosa y se ponderaron los antecedentes, las condiciones jurídicas y de los elementos con que se cuenta para dar trámite a las denuncias interpuestas por los militantes del partido contra Duarte y sus seis operadores.
Los seis políticos veracruzanos tienen 15 días para defenderse ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.
Los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria avalaron iniciar un proceso sancionador contra Duarte de Ochoa. Esta es la primera vez que a un gobernador en funciones le suspenden de manera temporal sus derechos partidarios. El máximo castigo que podrá derivarse de esta investigación será la de expulsarlo, y con ello quitarle la militancia en el PRI.
Duarte y los seis priistas involucrados en acusaciones de corrupción fueron suspendidos en sus derechos políticos partidistas de manera temporal. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI señaló que la atracción de PGR de dos investigaciones contra Javier Duarte fue clave para tomar esta decisión.
Previo a este juicio partidista por el cual se le quitaron los derechos como militante a Duarte, el jueves 22 el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, confirmó que investiga al gobernador de Veracruz y a Vicente Guillermo Benítez González, extesorero de esa entidad y actual diputado local por Nueva Alianza , por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Sin embargo, desde finales de junio en el PRI comenzaron a pergeñar la salida de Duarte con un juicio en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para quitarle primero sus derechos partidarios y luego proceder a la expulsión.
Aunque los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, también están en la lista de miembros del partido que llevan un juicio dentro de la Comisión Nacional de Justicia del PRI, el caso del mandatario de Veracruz es al que más peso le han dado.
No es casual que ahora se retomen las 350 solicitudes de juicio político que se han presentado en la Cámara de Diputados desde el 2013 a la fecha en contra de Javier Duarte, lo mismo que dos investigaciones en marcha de la PGR por la presunta propiedad de 35 empresas vinculadas con el gobernador, lo que motivo la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 por presunto desvío de recursos públicos.
Incluso, el caso de Duarte ha ocasionado confrontaciones en el propio PRI. El viernes 23 un grupo de 16 diputados del priismo veracruzano y cuatro del Verde publicaron que eran injustas y desproporcionadas las acusaciones en contra de Duarte y acusaron al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, de vulnerar el principio de presunción de inocencia.
La respuesta de Ochoa fue insistir en que en el PRI no se solaparía a ninguno de sus miembros por incumplir con la transparencia, rendición de cuentas y fallar a la ciudadanía.
Por la mañana, el senador priista Héctor Yunes Landa –excandidato perdedor al gobierno de Veracruz– anticipó que el siguiente paso será la expulsión de Javier Duarte del PRI y posteriormente dimitirá como mandatario estatal.
“Estimó y aprecio a Javier Duarte, pero primero está el partido y las sanciones. Enrique Ochoa Reza ha fijado un posicionamiento claro de que va a combatir la corrupción y tiene que empezar por la casa, y el barrido empezó por Veracruz”, advirtió durante la guardia del mes patrio en el parque de Los Berros.
Perfil de los sancionados
Junto con Duarte de Ochoa fueron suspendidos el exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido “mapache electoral”, Gabriel Deantes Ramos; el polémico secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, identificado por la tropa policiaca como “Capitán Tormenta”, así como el llamado prestanombres de Duarte, José Antonio Chara Manzur Beltrán, y los militantes Juan Carlos Rodríguez García, Israel Ramos y Daniel Cordero.
La Comisión del PRI sesionó después de las 18:00 y, tras dos horas de reunión privada, decidió suspender en sus derechos a los siete funcionarios y exservidores públicos.
Los siete integrantes de la Comisión que decidieron el destino de Duarte fueron Fernando Elías Calles, Héctor Gutiérrez de la Garza, el senador Arturo Zamora, Mónica Clara Molina, Laura Zapata Martínez, Arturo Ugalde y Sergio Cuevas.
Apenas el fin de semana, Duarte desafió que, pese a la eventual sanción del PRI, él continuará siendo el gobernador hasta el 30 de noviembre, cuando culmina su gestión. Si nos van a sancionar por la energía, por el trabajo, por el esfuerzo y resultados, nos van a tener que sancionar a todos”, retó.
Lo anterior lo declaró Javier Duarte durante la inauguración del bulevar Luis Donaldo Colosio, el sábado 24.
Mientras la clase política estaba concentrada en la eventual sanción a Duarte y éste no tuvo actividad política, en Xalapa se padeció un caos vial, pues diversas organizaciones magisteriales cerraron vialidades en las salidas al puerto de Veracruz y Ciudad de México para presionar por su pronto pago.
En Ruiz Cortines, el libramiento a Banderilla y Lázaro Cárdenas colapsó la circulación vehicular, y reportaron demoras las corridas de autobuses foráneos hacia Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Córdoba. 
(Con información de Noé Zavaleta)