El Gobierno federal ocultó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron detenidos por sus relaciones con el crimen organizado cuando los panistas Cecilia Romero y Salvador Beltrán del Río encabezaban ese organismo en el sexenio pasado.
Durante la investigación por las masacres en San Fernando, Tamaulipas, la PGR descubrió que había agentes involucrados en el secuestro y entrega de migrantes al crimen organizado.
El 4 de abril de 2011, personas que se identificaron como agentes del INM interceptaron un autobús en Altamira, Tamaulipas, y bajaron a los salvadoreños Gingli Esaú Ortiz Melgar y Douglas Coronado Flores Guevara.
Según informes consultados por REFORMA, el 11 de abril de 2011, efectivos del Ejército rescataron a los tres centroamericanos y detuvieron en flagrancia a los plagiarios Juan Carlos Segura Rivera y Marcos Alvarado Domínguez en Tampico.
El 19 de abril de ese año, la Policía Federal detuvo a Mónica Moctezuma, quien confesó que Víctor Reséndiz, "El Peludo" o "Papá pitufo", la había enviado a sucursales de Elektra, Soriana y Walmart para retirar 13 depósitos con los que se pagaron rescates de migrantes.
Moctezuma reconoció al detenido Juan Carlos Segura y a un agente de Migración, lo que ocasionó que el mismo día fueran arrestados José Luis Jiménez Avendaño, Ramón Iván Gloria, Roberto Hernández González, José Manuel Sánchez, Moisés Pérez y Vicente Alberto Rosas, elementos del Instituto que depende de la Secretaría de Gobernación.
Todos fueron detenidos y sometidos a proceso porque las víctimas lograron identificarlos, pero el Gobierno nunca lo mencionó en las comunicaciones oficiales sobre el caso.
También se desconoce si continuó con una línea de investigación que involucraba a más trabajadores de Migración.
REFORMA tuvo acceso a un documento sobre el caso que menciona la participación de los agentes migratorios en estos sucesos.
Conforme a documentos internos de la PGR por el Caso San Fernando, se giraron 85 órdenes de aprehensión contra miembros y cómplices de Los Zetas y del Cártel del Golfo, policías municipales y agentes migratorios.
Secuestran desde el INM
El 4 de abril de 2011, personas que manifestaron ser agentes migratorios interceptaron un autobús en Altamira, Tamaulipas, donde viajaban los tres salvadoreños.
A los centroamericanos los hicieron abordar un vehículo oficial y luego los entregaron a los miembros del grupo criminal que los llevarían a Tampico, donde los mantuvieron secuestrados en un departamento mientras negociaban el rescate con sus familiares.
Tres días más tarde, el hondureño José Israel Barahona vivió la misma historia: retenido por agentes migratorios, terminó confinado por criminales en el mismo inmueble donde estaban los otros migrantes que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos.
Según los informes consultados, el 11 de abril de 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional rescató a los tres centroamericanos y detuvo en flagrancia a los plagiarios Juan Carlos Segura Rivera y Marcos Alvarado Domínguez en Tampico.
Ambos manifestaron en sus declaraciones pertenecer al Cártel del Golfo y dedicarse al secuestro de indocumentados, pero su captura abrió precisamente una vertiente en la indagatoria que llegaría hasta el INM.
Una implicada llamada Mónica Moctezuma Vidales, detenida por policías federales el 19 de abril, reconoció al detenido Juan Carlos Segura y a un agente de Migración, lo que ocasionó que el mismo día fueran detenidos un total de seis elementos del INM.
Todos ellos negaron ante la PGR estar involucrados, pero algunos de ellos fueron identificados en fotografías por los migrantes retenidos en Altamira.
La SEIDO arraigó a los funcionarios y, más tarde, un juez federal les decretó la formal prisión por los delitos de tráfico de indocumentados y delincuencia organizada. Oficialmente, se desconoce si ya fueron sentenciados.
Los choferes
Varias víctimas que escaparon de sus captores o fueron rescatados por militares sugieren el posible contubernio de los choferes de los camiones con Los Zetas y el Cártel del Golfo en la tragedia de San Fernando.
Se trata de ciudadanos mexicanos que, al igual que Gingli Esaú Ortiz Melgar, Douglas Coronado Flores Guevara y José Israel Barahona, pretendían llegar a Reynosa.
Cuatro originarios de San Luis Potosí y uno de Ciudad Victoria (un custodio del penal de Reynosa) reconocieron a los nueve primeros inculpados del caso San Fernando como sujetos que los privaron de su libertad cuando viajaban en autobuses de pasajeros.
Otras dos personas que lograron escapar de sus plagiarios narraron a la PGR que el chofer del camión en que viajaban se detuvo en San Fernando y luego subieron los sujetos armados que se los llevaban.
En este caso, se trataba de dos víctimas que el 24 de marzo de 2011 habían abordado un autobús en Tejupilco, Edomex, con destino a Reynosa.
A los dos secuestrados los trasladaron a distintos confinamientos, donde fueron testigos del asesinato de tres personas "que se les dijo que deberían de trabajar para la organización delictiva de Los Zetas". Ambos lograron escapar de su cautiverio.
La PGR interrogó por estos hechos al chofer David Estrada González, quien expuso que el 24 de marzo de 2011 fue amagado por sujetos armados en la estación de autobuses de San Fernando, luego de bajar a un pasajero y de descender para pasar lista en su empresa.
Los pistoleros iban en dos camionetas Pick Up con logotipos de la Policía Municipal, así como dos camiones de pasajeros. Estrada aseguró que fue obligado a abrir el camión que conducía y se llevaron de 10 a 12 pasajeros, todos hombres.
Estrada dijo que estos hechos se los reportó a su supervisor, pero el 8 de abril de 2011 el otro chofer que lo acompañaba, Jesús Salas, aseguró que nunca se enteró de los hechos "porque venía dormido en el camarote del autobús".
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