El proyecto de juicios orales y el plazo para su implantación en todo el país –junio próximo– pone al descubierto las enormes deficiencias, absurdos y sinsentidos del sistema policial mexicano, así como la improvisación del gobierno federal y la costumbre burocrática de dejar todo para lo último.
Por ejemplo, es la hora que no se ha capacitado a 350 mil elementos en el nuevo modelo. Y hacerlo en poco menos de cien días es, de plano, imposible. Eso sí, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció a otros países capacitación para “mejorar estándares y protocolos de actuación” de las policías latinoamericanas.
Resulta paradójico, por decir lo menos, que el país que nunca logró preparar a 350 mil policías para el nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales, aun cuando tuvo un plazo de ocho años para ese propósito, haya sido puesto al frente de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) a partir de la última semana de febrero.
También sorprende que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya ofrecido a enviados de diversos países que México impulsará un “programa de capacitación sin fronteras”, un “modelo hemisférico de certificación que contribuya a mejorar estándares y protocolos de actuación” de las policías latinoamericanas, una maestría en seguridad y un curso de alto nivel en diplomacia policial.
Está por cumplirse el plazo fatal –junio de 2016– al que México se comprometió para ingresar al nuevo esquema jurídico, el de los llamados juicios orales. Pero ya es física, presupuestal y temporalmente imposible que el gobierno logre capacitar a esos cientos de miles de policías que no son aptos para el nuevo sistema de justicia.
Habría que actualizar a casi 30 mil policías semanales o 5 mil diarios de aquí al 30 de mayo próximo para cubrir el boquete. No hay semejante proeza a la vista ni por el número de capacitadores ni por las aulas existentes, ni se tiene un método didáctico para ofrecer un adiestramiento fast track a esa masa de fuerza pública superior en número a todo el sector militar.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está más interesado en imponer el mando único policial en las 32 entidades del país que en capacitar a los policías mexicanos para el sistema penal acusatorio. Las deficiencias de este personal –85% del capitalino no acreditó el dominio de las habilidades básicas y en el Estado de México el porcentaje de ineptitud alcanzó al 92% de los evaluados– pueden dar pie a numerosas liberaciones de presuntos culpables en el futuro sólo por errores procesales en cuanto al arresto, la preservación del lugar de los hechos, las cadenas de custodia, los reportes informativos, el respeto a los derechos humanos y a los protocolos más elementales de presunción de inocencia y el debido proceso.
En tales condiciones, el inicio de los juicios orales en junio próximo se enfila a convertirse en una de las más colosales simulaciones de la historia en el país.
El panorama no podría ser más desastroso a 100 días de que se ponga en marcha el nuevo sistema penal acusatorio: además de la impreparación de las policías, faltan alrededor de 19 mil millones de pesos por invertir, salas físicas para los juicios orales, emisión de leyes como la nacional de ejecución de sanciones con penas alternativas a la prisión para delitos menores, y la de justicia para adolescentes. Hay que modificar en total 11 leyes federales para que puedan funcionar operativamente esos juicios.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de Gobernación, admitió desde el comienzo de 2016 una realidad incontrovertible que confirma los parches y remiendos que se irán improvisando para el sistema penal acusatorio:
No habrá prórroga. Se inaugurará el sistema de juicios orales, pero “convivirá” al menos cinco años más con casos ya iniciados en el actual modelo y que no pueden transferirse al nuevo en automático, según la ley, dijo.
Mal de muchos… “En Chile y en Colombia tardaron 15 o 20 años en ponerlo en marcha”.
Se pasó de organizar capacitación policial de 900 horas (como en Oaxaca) a sólo 240 (San Francisco del Rincón, Guanajuato; Tlalnepantla, Estado de México, entre muchos otros) y luego a 120 (como alguna vez ocurrió en el Distrito Federal), para terminar ofreciendo “cursos patito” de 40 horas. Ni para impartir éstos hay tiempo, espacios o suficientes instructores, que van desde exmilitares, agentes federales y estatales hasta marinos y karatecas.
Cuando faltaban seis meses para el plazo fatal, Fromow Rangel admitía que sólo se había capacitado a 17 mil agentes estatales y municipales y a la mitad de los federales; sumados eran apenas uno de cada 10 del total.
El llamado Semáforo del Desarrollo Policial, presentado por Causa en Común, concluyó que 15 corporaciones de seguridad en el país resultaron reprobadas al evaluar su calidad, con calificaciones de 2.8 a 5.9 sobre 10. Y a nivel nacional el promedio de calificación fue de 6.1 en 2015.
Los estados más mal evaluados son Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y San Luis Potosí.
Una historia de incumplimiento
El acuerdo en la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 21 de agosto de 2015, fue actualizar conocimientos y habilidades básicas de la función policial y capacitar a cada elemento como “primer respondiente” dentro del nuevo sistema penal acusatorio.
Allí se decidió capacitar a 90 instructores nacionales, los que a su vez adiestrarían a 714 policías estatales para que ellos se encargaran de repetir la capacitación a toda la fuerza pública estatal y municipal, conformada en ese momento por 351 mil 567 policías. Era como “el principio del teléfono descompuesto”.
De 150 aspirantes, sólo aprobaron y fueron aceptados 60 instructores, cuya experiencia pedagógica no está confirmada. En lo que toca a los “multiplicadores”, muchos han intentado rechazar la tarea, pues no se les otorga por ello ningún estímulo extra.
A estas alturas, hasta para cursos relámpago e intensivos se requerirían no menos de 2 mil 500 instructores por todo el país en otros tantos salones para impartir actualización a 25 o 30 alumnos cada vez. Y es que el acuerdo fue que se mantuviera a los policías escolarizados y de manera presencial.
Setec y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo secretario ejecutivo es Álvaro Vizcaíno, dicen contar con algo más de 800 capacitadores. En algunos estados de la República concentrar a las policías municipales implica un esfuerzo mayúsculo de traslado porque ese plan exige transporte, viáticos y logística, además de que se dejaría sin fuerza pública suficiente a regiones sensibles.
Como mínimo, los uniformados deben cursar con eficiencia materias de acondicionamiento físico, defensa policial, detención y conducción de detenidos, manejo de bastón PR-24, operación de equipos de radiocomunicación, uso de armamento, eficacia de tiro y capacidad de conducción de vehículos oficiales, según el Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas.
En cursos de 40 horas deben dominar estas capacidades. En la Ciudad de México, hace poco más de medio año se dio capacitación a 10 mil agentes en cuatro días y sesiones de seis horas en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca. Por esta prisa, que tiene que ver mucho con la propaganda y la difusión mediática, el índice de reprobación es tan elevado y la capacitación está muy lejos de haber llegado a las corporaciones.
Millones de informes policiales
homologados
Para dar una idea de lo complicado que resulta convertir en unas pocas horas a elementos del actual sistema policial –que se ha caracterizado por violar los derechos humanos– en policías respetuosos del debido proceso, de las garantías individuales y de la presunción de inocencia, a continuación se describen las características de un Informe Policial Homologado (IPH) de 40 páginas:
Cada policía, en cualquier lugar del país, debe cumplir con el llenado de páginas descriptivas de cada caso (8 páginas), una constancia de lectura de derechos (2 páginas), un acta de entrevista (2), un informe del uso de la fuerza (2 más), inventario de aseguramiento (3), constancia de entrega de niño, adolescente o persona de un grupo vulnerable en su caso (1), acta de descripción de levantamiento y traslado de cadáver si lo hubo (2), registro de cadena de custodia (3), continuación de la descripción de los hechos (1), continuación de inspección a personas (4), continuación de inspección de vehículos (2), continuación de inspección del lugar (2), constancia de entrega de víctimas /ofendidos (1), registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados (1, equivalente a un epitafio para el “botín de guerra”); entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios (1), registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados (1), acta inventario de indicios o elementos materiales probatorios (1), acta de pertenencias (2), cartilla de lectura de derechos (1), mapa del procedimiento.
Cada año en la República se denuncian o se registran en flagrancia alrededor de 1.7 millones de delitos federales o del fuero común (de los cuales solamente 2% termina en una sentencia, según el experto en estadística criminal José Luis Arango). Por tanto, habrá unos 70 millones de páginas de Informe Policial Homologado.
Fuente.-
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