viernes, 27 de noviembre de 2015

EL "MODELO COAHUILA",los MILITARES en RETIRO y la "INSEGURIDAD".


Ocurrió hace casi un lustro. Un narcoempresario pasó a las autoridades municipales de Torreón una advertencia para la periodista Isabel Arvide. “Avísenle a esa vieja que la van a matar”.  

Los narcos no querían a la periodista en territorio de Coahuila por haber “vendido” al entonces gobernador un modelo de seguridad que consistía en militarizar las secretarías de Seguridad Pública, según funcionarios del municipio de Torreón.
Esto publicó mi admirado Francisco Garfias en su columna Arsenal del diario Excélsior el martes 24 de noviembre.
Eran los narcos los que no me querían, los que pretendieron matarme, pero también el entonces fiscal, Humberto Torres Charles.
Encerrados en la oficina de Humberto Moreira, en palacio de Gobierno, el 15 de septiembre del 2009, el general Marco Antonio González Barrera, comandante de la 11 Región Militar, el gobernador y yo, volvimos al tema más recurrente de esos meses: La protección que le daba el fiscal a criminales, comprobada por los militares.
Humberto Moreira volvió a decir que estaba dispuesto a quitar a Torres Charles, que no había compromiso alguno. Mi paciencia era poca, y le dije para la crispación del rostro militar, que era la quinta vez que nos salía con eso. Y no cambiaba nada, y el hermano de Torres Charles seguía controlando un cuerpo de élite de la policía al servicio de los Zetas, y los comandantes en todo el Estado protegían a criminales.
Siete meses después, el fiscal Torres Charles seguía en su puesto, y yo salía del Estado harta de confrontar un muro de corrupción sostenido por la voluntad del hermano del gobernador.
Porque era Rubén Moreira, hoy gobernador de Coahuila, quien se opuso a la salida de Torres Charles siempre. Y ganó.
Años después, porque la realidad es más necia que muchos, hubo una orden de aprehensión contra el hermano de Torres Charles por delincuencia organizada. Y Heriberto Lazcano, fundador de los Zetas, a quien protegía, terminaría muerto en Progreso, Coahuila, por marinos, confirmando el tamaño de los enemigos a los que me enfrenté.
El “Modelo Coahuila” debe ser analizado a la distancia, por militares y civiles, como ejemplo de la incapacidad para vencer la corrupción.
El principio que lo ordenó, que le dio sustancia, fue muy simple: Poner en manos militares las policías del Estado, con un esquema organizado y supervisado por la jefatura de la Región Militar.  Con total autonomía, no olvidemos la complicidad de alcaldes con criminales, e igualdad de salarios y protección oficial. Yo fui su creadora, su impulsora, su coordinadora.
El gobernador, porque así lo acordamos, no se reunió nunca en privado con ninguno de ellos, que llegaron a ser 16 con más de 200 militares bajo sus órdenes, sino en juntas mensuales todos presentes. De igual forma, porque lo solicitó directamente el entonces secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, llegó un general en activo, el general José Luis García Dorantes a hacerse cargo de las cárceles dominadas por los Zetas.
Todas las policías estaban en manos de delincuentes, como le dijeron sus informantes a Pancho Garfias. No había uniformes ni armas, a tal extremo que es famosa una persecución que hizo el teniente coronel Manuel Cicero, director de la policía de Gómez Arizpe, que terminó con su vehículo blindado inservible y la negativa de los policías a secundarlo.
Uno de ellos, el coronel Arturo Navarro López fue asesinado 19 días después de llegar como jefe de la policía municipal a Piedras Negras. Otro, el general Pacheco, tuvo un atentado en Monclova, mataron a tres de sus escoltas y los Zetas heridos fueron sacados de hospitales donde los “vigilaban” gente de Torres Charles.
A mí me tocó recoger y entregar cuerpos a sus familiares.
A diferencia de lo que sucede hoy en otras entidades, los jefes militares tenían salarios justos, vehículos blindados, y absoluta autonomía. El problema fue que Humberto no quiso o no pudo romper con su hermano Rubén que sostuvo a quien, a su vez, protegía a los criminales. Y así no hay voluntad política que valga, ni uniforme ni balas ni valor.

Enviar, a botepronto, a militares en situación de retiro a posiciones de seguridad pública, no es la solución. El “Modelo Coahuila” debería servir para analizar la conveniencia de esta participación.
Fuente.-
@isabelarvide

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