La extrema debilidad política del presidente Enrique Peña Nieto; la institucionalidad demostrada por el todavía coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y la renovación de 12 gubernaturas en julio de 2016, se conjugan para permitir a Beltrones llegar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, bien custodiado por Carolina Monroy del Mazo, de todas las confianzas de Peña, como compañera de fórmula.
El presidente tenía dos decisiones cruciales frente a sí: sustituir a César Camacho con alguien que le permitiera enfrentar los procesos electorales estatales del próximo año con probabilidades de no salir muy mal librado (bien librado es casi imposible en las condiciones en que se encuentra el país en estos momentos); y encontrarle un sitio a Beltrones una vez que concluyera su periodo como diputado, lo cual se reducía fundamentalmente a tres posiciones: la presidencia del PRI, la Secretaría de Gobernación o una embajada, pues dejarlo fuera del presupuesto hubiese sido muy peligroso, especialmente si se toma en cuenta la experiencia de Nuevo León, donde dicha insensibilidad provocó su derrota electoral.
Optó por la que le permitía resolver ambos problemas y obligaba a Beltrones a esforzarse al máximo, pues en buena medida la posibilidad de obtener la candidatura presidencial en 2018 depende de los resultados electorales del próximo año. La decisión le permitía, además, mantener en la carrera presidencial a sus dos principales alfiles: Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, quienes, más allá de sus bajas preferencias electorales, se mantienen por encima de Beltrones.
Una vez que se logró ganar la mayoría en la Cámara de Diputados junto con las bancadas de los partidos satélites (Verde y Panal) y se aprobaron las reformas estructurales, el presidente del PRI deberá abocarse más a mantener la unidad de ese partido, ganar las elecciones estatales y salir en defensa del presidente cuando se requiera.
De los candidatos disponibles, Beltrones era el ideal para las dos primeras tareas, e incluso para la tercera, al no ser alguien tan identificado con el presidente, y como sabe que el éxito en las elecciones estatales depende de la posibilidad de recuperar algo de confianza y credibilidad en el gobierno federal, seguramente lo hará cuando sea necesario.
Así las cosas, la preocupación central serán las elecciones estatales del próximo año. De las 12 gubernaturas en juego, el tricolor es gobierno en nueve de ellas y oposición en las restantes tres. El reto es mantener el mismo número, y si hay intercambio de entidades, que el saldo no sea muy desfavorable.
A pesar del discurso oficial en los comicios de este año, el saldo en las gubernaturas fue negativo para el PRI, pues resultó con una menos de las seis que tenía, y aunque recuperó Guerrero y Sonora, perdió Michoacán, Querétaro y Nuevo León, que era la entidad con mayor relevancia a nivel nacional de las que estaban en disputa.
El PRI es gobierno en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En cuatro entidades (Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas) ya ha habido alternancia en el poder y el tricolor tuvo la capacidad de recuperarlas; pero en las otras cinco ha mantenido el control absoluto, y si bien hasta el momento no parece haber ningún opositor que pueda preocuparle, el mal gobierno en Veracruz y Tamaulipas lo vuelve muy vulnerable. Por otra parte, aunque los graves conflictos que han aquejado a Oaxaca hacen viable la posibilidad de una nueva alternancia, no parece tan claro que esto pueda suceder en Sinaloa y Puebla.
En Sinaloa la posibilidad de un candidato no partidista, después del triunfo de Manuel Clouthier por esa vía en un distrito federal de Culiacán, no es nada despreciable, ya sea él mismo o Heriberto Félix, quien ya se quedó muy cerca de ganar la elección cuando compitió por el PAN en 2005. Mientras tanto, en Puebla, Manuel Moreno Valle sabe que si pierde los comicios en su entidad se cancelan las posibilidades de ser el abanderado blanquiazul a la Presidencia en 2018. Así que no escatimará esfuerzo alguno para lograr retenerla.
En estas condiciones no le resultará fácil al PRI entregar buenas cuentas en julio próximo, y Beltrones sabe que en dicha elección se juega también su futuro político: ganar más de las nueve gubernaturas lo colocará en una posición ideal para aspirar a ser el abanderado priista a la Presidencia; pero entregar malas cuentas lo dejará automáticamente fuera de la contienda interna para 2018.
Beltrones sabe que es su última oportunidad y que, al ser elegido presidente nacional del PRI, en automático entra en la carrera de los presidenciables, lo que también sabe Peña Nieto, quien en la actual coyuntura realmente no tenía otra opción. En las entrevistas radiofónicas, Beltrones ha sido muy cuidadoso al responder las preguntas vinculadas con su posible candidatura a la Presidencia, pero también ha dejado claro que sus posibilidades dependen de las cuentas electorales que entregue como presidente de su partido.
Su apuesta es incrementar el número de las gubernaturas y en el otoño de 2017 renunciar a la conducción del PRI para trabajar en su candidatura a la Presidencia; y Peña Nieto está dispuesto a que eso suceda si Beltrones le entrega buenas cuentas, superando a sus principales alfiles (Osorio Chong y Videgaray), que hoy van en franco declive.
Así, el arribo de Beltrones a la dirigencia de su partido es un acuerdo de mutua conveniencia ante el nulo impacto de las reformas estructurales, los escándalos de corrupción y conflictos de interés, las ejecuciones extrajudiciales y la fuga del Chapo Guzmán, que han llevado la aprobación de la gestión presidencial a sólo una tercera parte de los ciudadanos, porcentaje únicamente comparable con el que tuvo Ernesto Zedillo tras el llamado “error de diciembre”.
Para evitar el colapso de Peña Nieto, la oferta de Beltrones –quien con él se entrevistó el pasado 4 de agosto– resultó irrechazable.
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