La empresa considerada “favorita” del gobierno de Felipe Calderón regresa a las primera planas después de que el Senado de la República, votó un punto de acuerdo para solicitar información sobre las obras en las que participó en los últimos dos sexenios.
Tradeco, la empresa que despertó todo tipo de sospechas por “inflar costos” y entregar obras aun sin concluir, tuvo a su cargo la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire, contrato que después le fue revocado, y que fueron inauguradas hace unos días por el presidente de la república durante los festejos por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.
Tradeco, la empresa que despertó todo tipo de sospechas por “inflar costos” y entregar obras aun sin concluir, tuvo a su cargo la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire, contrato que después le fue revocado, y que fueron inauguradas hace unos días por el presidente de la república durante los festejos por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.
México D.F 20/Feb/2015.- Una de las primeras acciones del general Salvador Cienfuegos Zepeda poco después de que asumió el cargo de secretario de la Defensa Nacional, fue ordenar una revisión a los proyectos pendientes de obra pública en la dependencia. La lupa se enfocó sobre los trabajos de lo que serían las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la ampliación de la Base Aérea Militar en Zapopan, Jalisco. Era una obra cuyo contrato fue otorgado por adjudicación directa durante el sexenio de Felipe Calderón a la firma “Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”, propiedad del grupo Tradeco, la empresa considerada “privilegiada” en adjudicaciones de obra pública durante la pasada administración.
La obra que inauguró hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto, durante los festejos por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, tuvo varios “contratiempos” y tuvo que ser revocada a Tradeco a finales del año 2013, después de que se detectaron “serias irregularidades”. “El proyecto consistió en contratar los servicios de diseño, ingeniería, construcción y equipamiento para la modernización del Colegio del Aire y Base Aérea Militar No. 5 (Zapopan, Jal.), incluyendo la demolición de las actuales instalaciones y edificación de nuevas instalaciones para los citados organismos, en base a un programa arquitectónico que debió proponer la empresa contratada, manteniendo en todo momento la esencia y majestuosidad de lo que representa el Colegio del Aire como institución educativa militar en México y de la Base Aérea Militar No. 5 como instalación estratégica aérea”, respondió la secretaría de la Defensa Nacional al cuestionamiento hecho vía el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) sobre en qué consistió el proyecto.
La dependencia informó que el monto de la inversión para la construcción, infraestructura y equipamiento de ambas obras, fue de cuatro mil novecientos tres millones, trescientos setenta y dos mil veintisiete pesos ($4,903’372.027.00). De acuerdo a los datos entregados a finales del 2013, el proyecto había sido rescindido y estaba en proceso de finiquito con la empresa. Diferentes fuentes de la Defensa Nacional, consultadas durante varios meses del 2014, coincidieron en señalar que hubo incumplimiento de la filial de Tradeco en lo estipulado por el contrato. No cubrió los tiempos de entrega y hubo sobrecostos que no se justificaban, indicó uno de los jefes militares que siguió de cerca el desarrollo. Al final tuvo que ser la dirección de ingenieros militares la que entrara a concluir los trabajos.
Esta obra también contemplaba el equipamiento básico y especializado que requerían las instalaciones para la impartición de clases y actividades administrativas, “así como equipos especiales que desempeñarían una función específica y para la que se requería de un entrenamiento o capacitación para su uso”. En el documento entregado vía solicitud de acceso a la información, la Sedena indicó que los trabajos de mantenimiento y conservación incluirían “todas aquellas actividades rutinarias, periódicas así como preventivas, correctivas, y de reposición que permitieran mantener en condiciones óptimas de operación todas las áreas de infraestructura, así como el equipamiento instalado y deberían realizarse conforme a la normatividad aplicable en la materia”.
La adjudicación directa de esta obra no fue la única realizada por la dirección general de administración de la secretaría de la Defensa Nacional, cuando era encabezada por el general de división Augusto Moisés García Ochoa, actual comandante de la segunda región militar con sede en Mexicali y jurisdicción en la península de Baja California y el estado de Sonora.
De acuerdo a otra solicitud de información hecha a la secretaría de la Defensa sobre el número de contratos de obra pública realizados vía licitación, y el total de obras adjudicadas de manera directa durante el gobierno de Felipe Calderón, la dependencia respondió que no hubo licitaciones. Todo lo que se construyó fueron cuatro obras las cuales se adjudicaron de manera directa, tres de ellas a Tradeco, la consentida del gobierno pasado. El primer contrato fue el de la “ampliación de la capacidad de entrenamiento de vuelo de la Base Aérea Militar No. 5”, adjudicada a Tradeco Infraestructura del que se gastaron 699 millones 929 mil 119 pesos. El segundo fue un “contrato mixto” para la construcción del Parque Eólico de la Sedena en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, también entregado a Tradeco, el cual costó 495 millones, 169 mil 760 pesos. El tercero se trató del proyecto integral para la modernización de las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, otorgado a Tradeco, el cual tuvo un costo de mil 200 millones de pesos. Y el cuarto abarcó el proyecto para la ampliación del estacionamiento anexo al edificio de la secretaría de la Defensa Nacional, el cual costó 203 millones de pesos, adjudicado a la empresa Coemsa Inmobiliaria SA de CV.
Según la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, el artículo 77 señala que corresponde a la dirección de ingenieros militares “la planeación, ejecución y adaptación de obras de infraestructura de la secretaría de la Defensa Nacional”. La misma ley no contempla en su artículo 86, donde se desglosan las atribuciones de la dirección de administración, que sea ésta área la que actúe como contratista para la construcción de obras en instalaciones castrenses. En los cuatro contratos de obras por adjudicación directa, según la respuesta vía IFAI de la secretaría de la Defensa, fue el área que encabezó el general García Ochoa la que participó como contratista.
Estas atribuciones que en principio corresponderían a la dirección de ingenieros, generaron suspicacias en el medio militar sobre el papel que tuvo la dirección de administración el sexenio pasado cuando entregó contratos multimillonarios sin licitar al Grupo Tradeco. La empresa todavía anuncia en su página de Internetwww.tradeco.com varios proyectos en los que participó para la secretaría de la Defensa y que no fueron incluidos en la respuesta a la solicitud de información. Entre ellos está la edificación de infraestructura para la Base Aérea Militar No. 11 en Santa Gertrudis, Chihuahua y construcciones en la Base Aérea Militar No. 2 en Ixtepec, Oaxaca.
Tradeco en la mira
La empresa constructora considerada “la favorita” del calderonismo, volvió a ser noticia hace unas semanas después de que la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, presentara el 21 de enero un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública toda la información respecto a las obras y los contratos que se adjudicaron a la compañía en los dos sexenios que encabezó el PAN, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. La petición se amplió a la secretaría de Comunicaciones y Transportes pero no se dijo si hubo algo similar con la secretaría de la Defensa Nacional, donde le rescindieron el contrato de la obra que inauguró Peña Nieto durante el festejo del día de la Fuerza Aérea.
Columnistas de la prensa capitalina escribieron que la investigación del PRI en la cámara alta, surgió a raíz de la andanada mediática que exhibió en México y el extranjero el conflicto de interés de la actual administración priista por los contratos de obra pública entregados a la constructora Higa. El punto de acuerdo que se presentó en la comisión permanente fue firmado por la bancada del PRI encabezados por su líder, Emilio Gamboa.
El documento refería que en la prensa se ha documentado desde el sexenio pasado, cómo Tradeco fue beneficiada por medio de la asignación de una serie de contratos de obra pública donde hubo irregularidades. Tradeco Infraestructura, es una empresa que creó Federico Martínez Salas, quien fue funcionario de Pemex hace algunos años, y la cual es encabezada ahora por su hijo Federico Martínez Urmeneta.
El punto de acuerdo decía en uno de sus párrafos: “Hay evidencia que construyó carreteras con fallas, abandonó obras antes de concluirlas o se elevaron los costos de los proyectos que tenía adjudicados. (…) El puente Baluarte, reconocido por el libro Guinness de los Récords del Mundo, como el puente atirantado más alto del mundo, también fue identificado como una de los más grandes monumentos a la opacidad, la corrupción y la impunidad”. Esta obra formó parte de la construcción de la súper carretera Durango Mazatlán, a la cual la Auditoria Superior de la Federación realizó varias observaciones debido a que en un principio el presupuesto se fijó en 8 mil 889 millones de pesos, los cuales se incrementaron hasta los 22 mil millones.
Para nadie fue secreto, y la misma secretaría de la Defensa Nacional lo reconoció en su respuesta a la solicitud de acceso a la información sobre la obra pública del sexenio pasado, que Tradeco logró la mayoría de sus contratos vía adjudicación directa. El punto de acuerdo resaltaba que entre los años 2003 a 2012 el monto por los contratos adjudicados ascendió a 15 mil 143 millones de pesos, con una característica: el sobrecosto y el retraso en la entrega de las obras.
Fuente.- @velediaz424
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