domingo, 30 de noviembre de 2014

Se DESPIDE administrador de "VALOR POR TAMAULIPAS" en FACEBOOK....la deja en MANOS VINCULADAS al GOBIERNO !!!


Reynosa,Tam.- 30/Nov/2014 El administrador de la pagina en Facebook "Valor Por Tamaulipas" se despide de la administración de la prestigiada pagina en un comunicado en la misma "Red Social".

Con muchísimos seguidores y una gran cantidad de "Likes" (516,650) VALOR POR TAMAULIPAS se constituyo inicialmente en un espacio de DENUNCIA PUBLICA CIUDADANA que significo un aliciente ante la INSEGURIDAD que se ha vivido en Tamaulipas y que hasta la fecha no ha cesado.

En el mismo comunicado VALOR POR TAMAULIPAS advierte que la administración de la pagina estará ahora en manos de alguien que tiene "relación " con las autoridades,lo que en buen español significa la eminente "posibilidad" de que la información se "comprometa" y cambie "radicalmente" la linea que la hizo destacar.

Dicen y dicen bien,que hay 3 tipos de noticias,"Las que te da el Gobierno,las que te dan los medios afines al gobierno y las de verdad",por lo que un cambio de esquema solo perjudicaría la "confianza" en el sitio y la posibilidad de que los "tentáculos" del Gobierno censuren todo lo que lo demerita "que por cierto es mucho y cada día mas".

POSIBILIDAD DE VENTA:

De manera reciente,el sitio "mundonarco.com" puso a la "VENTA" el sitio mediante un peculiar anuncio inserto en la portada del "Blog",hacia alusion a la venta del "Blog" y por ende su administración,que de llevarse a cabo,en ese sitio como en "Valorportamaulipas",la transición es inmediata al "obsequiarse" los debidos accesos tanto al "Blog" como a la pagina,de ser así,en cualesquiera de los casos,las "lineas editoriales" se comprometen a los designios del nuevo administrador que evidentemente si esta "vinculado" al Gobierno,no deseara "descobijarlo" y denostarlo y "censurara" como últimamente "Valorportamaulipas" lo estaba haciendo en mayor o menor medida de "todo aquello que exponia al Gobierno  al descrédito".
Nuestros Gobernantes ya "poseen el control casi total de los medios en Mexico",la difusion del affaire PRESIDENCIAL de la CASA BLANCA los expuso a todos,a los leales al sistema y a aquellos que están en descontento y que son detractores de todo aquello que ha contribuido al hartazgo ciudadano".....lo veremos,aunque tenemos la convicción de que el PRESTIGIO en las REDES SOCIALES "SE GANA,NO SE HEREDA"....buena suerte deseándole "Buen Viento y buena mar".

La HUELLA de CALDERON... en las REFORMAS POLICIACAS de EPN....


El presidente Enrique Peña Nieto sigue los pasos de su antecesor y con el pretexto de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la Policía Municipal de Iguala, se encamina a la centralización y militarización creciente de la seguridad pública.
MEXICO,D.F 30/Nov/2014 Mediante una reforma constitucional, anunciada el jueves 27 como parte de su decálogo para “mejorar el estado de derecho”, busca la eliminación de todas las policías municipales para continuar con uno de los proyectos inconclusos del gobierno anterior: el mando único policial.
Con una creciente militarización de la seguridad pública, anunció un supuesto “nuevo modelo policial” con la creación de las Policías Estatales Únicas a fin de “pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces”.
Anunció que Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas serán los primeros cuatro estados donde desaparecerán formalmente las policías municipales. “Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”.
La participación de los policías municipales de Iguala en la detención y desaparición de los normalistas se convirtió en la justificación perfecta para encuadrar legalmente lo que ya su gobierno ha impulsado, aunque viene desde el sexenio pasado: La renuncia de los municipios a sus funciones de seguridad.
A través de la firma de convenios para el establecimiento del mando único policial, Peña Nieto ha ido despojando de esa facultad a los municipios con la lógica de que son incapaces y corruptos para lidiar con la seguridad pública.
Calderón empezó la firma de convenios con los gobiernos estatales para quitarle esa facultad a los municipios. Peña Nieto los aceleró y ya son 28 estados los que han aceptado.
En la práctica eso ha significado la virtual desaparición de policías municipales en varias partes del país, con lo que los gobiernos estatales han asumido las funciones de seguridad pública, apoyados por la federación, como es el caso de la llamada Fuerza Civil de Veracruz, integrada en parte por elementos de la Marina.
Aunque en marzo de 2013 pidió un año de gracia para que se evaluara su estrategia de seguridad, Peña Nieto no ha hecho más que darle continuidad a la política iniciada por su antecesor (Proceso 1985) pero sin estridencia. La exclusión de los municipios en las funciones de seguridad pública la presentó como un parteaguas ante la presión social por el secuestro y desaparición de los normalistas.
Para asegurar ese “nuevo modelo policial” buscará que el Congreso reforme el artículo 115 de la Constitución, cuyo capítulo dedicado a los estados y al Distrito Federal establece que las entidades del país “adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre”.
Contra el federalismo
En la propuesta presidencial, que se entregará al Congreso este 1 de diciembre, se tendrá que modificar además el artículo 21 de la Constitución, donde se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Además de disponer su carácter civil, establece que las policías de los tres niveles de gobierno se coordinarán y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), instancia creada en 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo.
El constitucionalista Elisur Arteaga, profesor de la Escuela Libre de Derecho, asegura que la propuesta presidencial “atenta contra el federalismo” y no es necesario reformar la Constitución para mejorar la seguridad pública municipal. “Se puede crear una ley general, en acuerdo con los gobiernos y los congresos estatales para el caso de los municipios críticos”, dice en entrevista telefónica.
Sin reformar la Constitución se pueden buscar soluciones locales, pues nada garantiza que las policías estatales que propone vayan a ser mejores, considera.
Un día antes de la desaparición forzada de los 43 normalistas, detenidos por la policía de Iguala y entregados, según la versión oficial, a la delincuencia organizada, el secretario ejecutivo del SNSP, Jorge Carlos Hurtado, aseguró que el gobierno consideraba cuatro modelos de mando único policial sin reformar ese artículo.
Al participar en el Tercer Foro Nacional Sumemos Causa Ciudadanos + Policías, en el Castillo de Chapultepec, Hurtado dijo que esos modelos de mando único policial se adaptarían a las características regionales y delictivas del país. “Este es un punto interesante, y el otro… es que no requeriría modificación al Artículo 115 y podría ser de aplicación inmediata”.
Dio además un dato revelador: en 72% de los 2 mil 500 municipios ya opera algún esquema de mando unificado. El propio SNSP, que está sectorizado en la Secretaría de Gobernación, anunció apenas el viernes 7 que las instituciones de seguridad pública del país –federales, estatales y municipales– ya evaluaron en control de confianza al ciento por ciento de su personal.
“En la historia de las instituciones de Seguridad Pública del país, por primera vez se ha logrado instaurar un programa de control de confianza permanente, dinámico y continuo, bajo un modelo que ha desarrollado una metodología y protocolos de operación homogéneos a nivel nacional”, señaló en un comunicado.
De acuerdo con el SNSP, en el caso de los municipios, en esa evaluación más de 86% de los policías municipales del país aprobaron los exámenes de control de confianza para permanecer en sus corporaciones. En cifras absolutas se trata de 117 mil 334 elementos que según el mismo gobierno federal están en condiciones de ejercer como policías municipales, contra 18 mil 177 (poco más de 13%) que fueron reprobados y dados de baja.
La presidenta municipal de Toluca, Martha Hilda González Calderón, presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Púbica Municipal, instancia creada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica vigente desde 2009 y que también tendrá que modificarse con la propuesta de Peña Nieto, confirma que muchos municipios ya habían renunciado a sus funciones policiales, aun antes de cualquier reforma constitucional.
“El mando único es ya una realidad… en muchos casos ya se daba. Hay municipios cuyos directores de la policía o era un policía federal o era nombrado de un terna propuesta por el Poder Ejecutivo”, dice en entrevista telefónica el viernes 28.
De acuerdo con la Ley General del SNSP, la Conferencia Nacional de Seguridad Púbica Municipal (CNSPM) debe participar en la elaboración de políticas públicas en la materia, pero ante la eventual desaparición de la función policial de los municipios, González Calderón dice que los gobiernos locales se dedicarán a labores de prevención.
“Estamos en un momento de ruptura de paradigmas. La CNSPM también tiene que evolucionar. Estamos regresando a la verdadera esencia de la tarea municipal, que es la prevención”, a través de su gestión gubernamental, dice.
Electa para presidir la CNSPM hasta agosto del próximo año, asegura que los policías municipales certificados ya por el SNSP podrán ser incorporados a las nuevas policías estatales, como de hecho ya ha ocurrido en varios estados, mientras que los municipios se podrán concentrar en las políticas de prevención del delito.
Contrario a la desaparición de facto de las policías estatales, Peña Nieto dijo que eso es algo que tiene que ocurrir ya. “Como país, llevamos años debatiendo este tema, este cambio y hasta hoy hemos sido incapaces de ponerlo en práctica”, señaló en la presentación de su decálogo el jueves 27.
En cambio prometió nuevas policías estatales “homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamientos y tecnologías de la información y comunicación”.
Sin policía de proximidad
Erubiel Tirado, consultor académico del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, de Londres, y coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, asegura que la única novedad en la propuesta de Peña Nieto es que hace obligatorio “barrer a las policías municipales”.
En muchas partes las han venido sangrando, porque los elementos que han sido acreditados por el SNSP han sido absorbidos ya por los mandos únicos, como ocurrió ya en Jalisco, asegura en entrevista.
Jalisco es uno de los estados donde el presidente dijo que comenzaría el “nuevo modelo”.
Lo que ha ocurrido es que han venido dejando a los municipios en la inanición, ahora van a acelerar el proceso hasta que desaparezcan, mientras que las policías estatales van a tener una amplia movilidad dentro de su territorio, por lo que se abandonará por completo el esquema de policía de proximidad. Sólo habrá presencia operativa cuando pase algo, por eso el número de emergencia 911 que propuso, considera.
Advierte que además de la centralización, “se sigue el esquema de militarización” de la seguridad pública impulsado sobre todo por Felipe Calderón, pues prácticamente la mitad de los estados tienen secretarios de seguridad pública de origen castrense, sin considerar a los policías con instrucción militar.

"El VIOLENTO cierre de las NORMALES RURALES"....


Apenas terminado el cardenismo (1934-1940) inició el acoso gubernamental contra las escuelas normales rurales. De Manuel Ávila Camacho a Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría a Enrique Peña Nieto –pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón– los sucesivos gobiernos federales han buscado exterminar este modelo educativo. Hasta ahora, el mayor golpe contra normalismo rural ha sido el asestado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Al principio de su administración (1964), 37 escuelas estaban organizadas en torno a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM): 29 normales rurales, dos centros normales regionales, tres normales urbanas federales y tres normales urbanas federalizadas. Al final de su mandato (1970) sólo sobrevivían 15.
Mexico,D.F 30/Nov/2014 De manera literal, a sangre y fuego el diazordacismo cerró 16. Meses antes, el gobierno había logrado desligar a las normales urbanas de la FECSM. La resistencia de estudiantes y campesinos se topó con las armas del Ejército y con grupos de provocadores que ocuparon los planteles y persiguieron a los estudiantes. Para mediados de 1969, la FECSM debió pasar a la clandestinidad total. Regresaría en 1972 como organización semiclandestina, básicamente con las características que mantiene hasta hoy en día.
Del embate gubernamental dan cuenta los documentos generados por la policía política de aquellos años, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), a la sazón comandada por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Los archivos, organizados en una versión pública –a solicitud de Contralínea, con folio 0495000006008–, suman 10 mil 3 fojas contenidas en 31 legajos bajo resguardo del Archivo General de la Nación en su Galería 1.
La información recabada por los agentes policiacos, y sistematizada por los analistas de Gutiérrez Barrios, permite señalar que el golpe al normalismo rural se preparó durante varios años. El gobierno federal, sin embargo, no encontraba el pretexto ni un ambiente político a favor para desaparecer a las normales rurales. La embestida contra el movimiento estudiantil en 1968 y la masacre del 2 de octubre de ese año significaron un punto de no retorno. Si ya había reprimido a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones en la Ciudad de México, era hora de ajustar cuentas con los combativos alumnos de las normales rurales de los estados de la República.
Los documentos permiten ver que la intención gubernamental fue cerrar todas las escuelas. Al final, cerró las que pudo: más de la mitad. No hubo razones académicas o de desarrollo regional para ello, como después se quiso justificar. Las normales rurales cerradas fueron finalmente las que no pudieron resistir el embate policiaco y militar.
Infografía:

Movimiento estudiantil de 1968: nacional

Desde febrero de 1968, las escuelas normales rurales se encontraban movilizadas. El movimiento estudiantil que cimbraría al país había iniciado ya, aunque no en la Ciudad de México, donde aún no se vislumbraran manifestaciones. La agitación estudiantil había comenzado en los estados de la República: las normales rurales estaban en lucha por mejorar sus condiciones materiales y sólo encontraban represión. Demandaban el cumplimiento del pliego petitorio presentado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 1962.
A pesar de que las autoridades educativas federales se habían comprometido por escrito a resolver cada una de las demandas, cada año les decían a los estudiantes que no se contaba aún con el presupuesto para solventar los requerimientos materiales.
Las demandas se encuentran en los propios documentos generados por la DFS 5 años antes. En la investigación ordenada por el entonces titular de la dependencia, coronel diplomado de Estado Mayor Manuel Rangel Escamilla, y llevada a cabo por los elementos Blas García Hernández y Rafael Quintanilla Pacanins, se contiene el pliego petitorio de los alumnos. Mediante el oficio fechado el 9 de julio de 1963, los agentes enumeran cuáles son las demandas de los estudiantes. Todas son de carácter académico. Sin embargo, la recomendación de los agentes es que la autoridades educativas sean inflexibles con los alumnos, “[…] ya que [de acceder] daría lugar a fincar un precedente, que perjudicaría los intereses del Gobierno, y afectaría directamente al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, y Planteles de otra rama presentarían peticiones similares […]” (sic).
Enseguida, y de manera contradictoria, aceptan los analistas de la DFS que:
 “No concedérseles ninguno de sus puntos inmediatamente, lo tomarán como base para hacer un movimiento de carácter Nacional.
“Este movimiento sería aprovechado por el Movimiento de Liberación Nacional, Frente Electoral del Pueblo, Central Campesina Independiente […] para crear agitación con miras políticas futuras” (sic).
El pliego petitorio de los alumnos constaba de 12 puntos. En la transcripción de algunos de ellos, los elementos de la DFS se permitían hacer comentarios.
1. Inscripción con derecho a beca de los excedentes de alumnos. El comentario de los agentes es que se trata de 20 a 25 estudiantes por cada plantel y que se trata de “gaviotas que por lo regular son familiares de los alumnos” (sic).
2. Inclusión de los alumnos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Jubilación de los maestros con edad avanzada. Los agentes de la DFS comentan: “Ellos [los alumnos] los creen incapacitados para ejercer sus Cátedras” (sic).
4. Mejoramiento de la infraestructura y material para el uso del personal docente y administrativo de cada escuela.
5. Incremento de la ración alimenticia (o beca) de 4.75 a 5 pesos por día.
6. Incremento de la beca para gastos académicos de 5 a 10 pesos por semana.
7. Aumento de la matrícula estudiantil en 3 mil espacios para distribuirse equitativamente en las 30 escuelas normales rurales federales.
8. Aumento de la partida presupuestal para los servicios médicos de cada escuela.
9. Aumento de la partida presupuestal de gastos especiales de cada escuela. Los elementos de la DFS comentan: “para recreación de los alumnos”.
10. Aumento de la partida presupuestal para la realización de prácticas profesionales. El comentario de los agentes es: “Para excursiones”.
11. Mejoramiento de la infraestructura de los servicios médicos y capacitación del personal que ahí labora. Los integrantes de la DFS comentan a su director: “Se quejan [los alumnos] de que el personal carece de Título Profesional, y en muchas de las normales no existe el Servicio Médico” (sic).
12. Mantenimiento general a toda la infraestructura de las normales. Acotan los elementos de la DFS: “Solicitan reacondicionamiento y ampliación, en algunos casos como en Oaxaca, piden construcción de Plantel; además piden que se les construyan campos deportivos, así como equipos para las distintas ramas del deporte” (sic).
Sobre las gestiones que los alumnos de la FECSM realizaban en la Ciudad de México para que sus demandas fueran atendidas también dan cuenta los agentes de la DFS en el mismo reporte:
 “El maestro Alfonso Sierra Partida, por instrucciones del doctor Jaime Torres Bodet, y asesorado por el profesor Mario Aguilera Dorantes, sostuvo el día de hoy una junta con el Comité Nacional de la Federación de Estudiantes Socialistas de México, a las 11:00 horas, en la Filmoteca de la SEP, ubicada en el propio edificio, y no se les concedió ninguno de los puntos anteriormente mencionados, pero con el ofrecimiento de que se someterá a un estudio, designando a personas especializadas en cada rama, para buscar una solución favorable, y presentarla a la Comisión de Estudios de Presupuestos de la Secretaría de Hacienda y Autoridades Educativas, para que determinen en su oportunidad, qué puntos se les pueden conceder y qué presupuestos.
 “El Comité Nacional de Estudiantes mencionado, se mostró inconforme en el transcurso de las pláticas, ya que no les fue resuelto de inmediato ningún punto” (sic).
Las gestiones de los alumnos en la Ciudad de México continuaron. Un nuevo reporte de Blas García Hernández dirigido al director federal de Seguridad da cuenta de la estrategia de las autoridades frente a los estudiantes.
Según el documento, fechado el 11 de julio de 1963, con sello de recibido 1 día después y con folio para archivo 63-19-63: “las autoridades educativas, creen conveniente que se debe dar un comprobante por medio de un Acta Notarial a los alumnos para ampararlos y que puedan comprobar en sus respectivas escuelas que vinieron a ésta [Ciudad] a tratar sus problemas, pero que no pueden ser resueltos de inmediato porque el presupuesto de la Secretaría de Educación y en especial la Partida de Normales Rurales no pueden ser modificados a la fecha.
 “Esta acta la firmarán los líderes estudiantiles y el Director General de Normales pero se buscará la manera de que sea redactada en tal forma que no comprometa a las Autoridades Educativas y sin herir susceptibilidades de los lideres, lo que se trata es de que regresen satisfechos con la impresión favorable para el Gobierno y evitar dentro de lo posible un paro general de Normales en la República” (sic).
Así ocurría año con año, hasta 1968. Los estudiantes normalistas decidieron iniciar en ese febrero una huelga para demandar que se cumpliera el pliego petitorio. Los objetivos eran todos de tipo académico y de mejoramiento de la infraestructura educativa de los planteles.

De 37 planteles a 14

La DFS reporta en sus documentos que las autoridades federales deseaban cerrar las escuelas normales rurales desde, al menos, principios de la década de 1960. El rumbo que había tomado la Revolución Mexicana ya no era compatible con el modelo de educación socialista, autogestiva y autosustentable de esas escuelas fundadas en tiempos de Plutarco Elías Calles e impulsadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río.
En 1963 inició una investigación para explorar la manera de cerrar las normales con los menores costos políticos para el gobierno. Al final de su mandato al frente de la DFS, Manuel Rangel Escamilla encargó una investigación a los elementos Blas García Hernández y Rafael Quintanilla Pacanins acerca de las escuelas normales rurales. Mediante un oficio fechado el 9 de julio de 1963, los agentes enteran los resultados de sus pesquisas.
Por este documento, foliado con el número 63-19-63, se puede saber que, a esa fecha, existían 29 escuelas normales rurales, dos centros regionales y cuatro normales urbanas afiliadas a la FECSM.
Las escuelas normales rurales se dividían entre las que tenían “calendario tipo ‘A’” (16 planteles) y las de “calendario tipo ‘B’” (13 planteles). En el reporte se ofrecen los nombres oficiales de las instituciones, su ubicación y los nombres de cada uno de los directores.
De “tipo A” se identifican las escuelas de Champusco, Teteles y Zaragoza, Puebla; El Mexe, Hidalgo; La Huerta y Tiripetío, Michoacán; Mactzumactzá, Chiapas; Perote, Veracruz; Palmira, Morelos; Panotla, Tlaxcala; Reyes Mantecón y Tamazulapan, Oaxaca; El Roque, Guanajuato; Aguilera, Durango; Tenería, Estado de México, y Xocoyucan, Tlaxcala.
Las escuelas con “calendario de tipo ‘B’”: Atequiza, Jalisco; Ayotzinapa, Guerrero; Cañada Honda, Aguascalientes; El Quinto, Sonora; Galeana, Nuevo León; Hecelchakán, Campeche; Jalisco, Nayarit; Saucillo y Salaices, Chihuahua; San Diego Tekax, Yucatán; San Marcos, Zacatecas; Santa Teresa, Coahuila, y Tamatán, Tamaulipas.
Los centros regionales se encontraban en Ciudad Guzmán, Jalisco, e Iguala, Guerrero. Las normales urbanas en Morelia, Michoacán; La Paz, Baja California; Oaxaca, Oaxaca, y Pachuca, Hidalgo.
En total, para mediados de 1963 había 37 escuelas organizadas en torno a la FECSM.
Por un oficio del agente Blas García Hernández dirigido al titular de la DFS, con fecha del 15 de abril de 1964, también se puede saber el número de alumnos agrupados en la FECSM. Por las normales urbanas federales: 1 mil 376; por las normales urbanas federalizadas: 1 mil 150; por las normales rurales: 9 mil 981. No se cuenta con datos del número de alumnos de los dos planteles de los centros normales regionales. Así, la FECSM contaba con alrededor de 13 mil estudiantes.
En agosto de 1966, las normales urbanas crearon su propia organización: la Federación Nacional de Normales Urbanas, muy lejos ideológicamente de la FECSM. Fue el primer golpe al organismo estudiantil pues, en esos momentos, la Federación buscaba incluso sumar más escuelas en una sola organización.

Primer intento

Según un documento de la DFS, fechado el 24 de junio de 1967 y firmado por su titular, Fernando Gutiérrez Barrios, el gobierno de la República buscaba terminar con el modelo del normalismo rural. Para ello, había organizado un congreso a celebrarse del 3 al 5 de julio de ese año en el Distrito Federal y en el que participarían la SEP y los directores de las normales rurales.
El primer punto a tratar en el congreso, cuyo nombre oficial era Asamblea Nacional de Educación Normal Rural, era, según los documentos de la DFS, “[…] la desaparición de los internados en las normales rurales”. Por supuesto, entre los objetivos públicos y formales de ese congreso no se mencionaba ese fin.
En el mismo escrito se señala que con estas medidas “[…] terminarán los problemas estudiantiles normalistas rurales, ya que serán controladas las becas y aceptación de inscripciones en el aspecto político-ideológico, abatiéndose los conflictos como huelgas y paros improcedentes, así como reduciendo las posibilidades de que cualquier movimiento cobre auge por motivos de las suspensión del alimento y hospedaje […]”.
Finalmente, los estudiantes se movilizaron para detener la celebración de ese congreso y lo lograron. Pero Díaz Ordaz ya había tomado la decisión. Todo el aparato de espionaje se volcó sobre las normales para estudiar sus fortalezas y debilidades.
A finales de febrero de 1968, Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la DFS, tenía en su escritorio un grueso expediente de las relaciones que los alumnos de cada escuela mantenían con las comunidades agrarias circunvecinas.
El informe que cada uno de los agentes de la DFS desplegados en las normales rurales debía contener: descripción de la infraestructura de la escuela, número de alumnos, nombres de los integrantes del comité estudiantil, ejidos y comunidades indígenas aledañas a la escuela, nombre de los miembros de los comisariados ejidales o comunales, número de campesinos, organización a la que pertenecían y tipo de relaciones que mantenían con los estudiantes. Además, principales cultivos en la zona y tipo de producción pecuaria. Cada informe finaliza con un mapa de ubicación de la escuela y los pueblos aledaños.
Casi en todos los informes los agentes señalan que las comunidades agrarias pertenecen a la Confederación Nacional Campesina (CNC), afiliada al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, todas mantienen relaciones “de mucha cordialidad” con los estudiantes; y los campesinos generalmente apoyan a los alumnos en sus movilizaciones para demandar mejoras a las escuelas.
Las comunidades agrarias de la CNC son clasificadas como “pertenecientes”, mientras que las simpatizantes con la opositora Central Campesina Independiente son clasificadas como “adictas”.
Destaca el informe de las normales rurales de Puebla. Se trataba de las ubicadas en Champusco, Zaragoza y Teteles. Hoy sólo sobrevive esta última. En el informe, firmado por el agente 47, Gabriel Guarneros M, se asienta:
 “Con relación a la influencia del sector campesino de estos tres lugares en el conflicto que confrontan las escuelas normales rurales, éste no influye en el movimiento, pero sí los [campesinos] apoyan ampliamente, pues todos los alumnos y alumnas de estas escuelas son de extracción 100% campesina” (sic).
La campaña mediática también había iniciado. La Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM), otrora aliada de la FECSM y ahora abiertamente plegada a Díaz Ordaz, pedía la desaparición de las normales. De lo anterior da cuenta un desplegado pagado por la CJM en el diario El Universal publicado el 14 de marzo de 1968. La ficha al respecto, elaborada por los agentes de la DFS, señala que dicho desplegado se publicó “en todos los diarios matutinos y vespertinos”.
El expediente armado en el Archivo General de la Nación es parco en señalar la participación de los normalistas rurales en el movimiento que había estallado en la Ciudad de México a finales de agosto de ese año y que terminaría con la represión del 2 de octubre.
Para noviembre, las escuelas normales rurales de calendario tipo “A” habían sido cerradas y sus puertas selladas. Cuando los alumnos regresaban del periodo de vacaciones se encontraron con que no podían ingresar y que el mobiliario había sido sacado por las autoridades días antes.
Un informe dirigido al director de la DFS, fechado el 19 de noviembre, señala que incluso las escuelas normales de Ayotzionapa, Guerrero, y Cañada Honda, Aguascalientes, están sitiadas por el Ejército. Y que con respecto de la de Jalisco, Nayarit, “existe la amenaza constante de que sea tomada por el Ejército, teniendo una vigilancia constante, y el día 8 la presencia de dos carros de la 13ª. Zona Militar” (sic).
El 8 de noviembre las normales rurales se iban a huelga para tratar de frenar la embestida en su contra. Como se señala en un volante, recuperado por los agentes de la DFS, ya habían sido aprehendidos ocho alumnos de la normal rural de Jalisco, Nayarit; 13 de la de El Quinto, Sonora, y ocho de la de Atequiza, Jalisco.
El intento gubernamental falló y con 14 escuelas normales rurales en huelga lograron la reapertura de las otras 15.
    

Segundo intento, contundente

En 1969 vendría el golpe definitivo: 13 escuelas serían separadas del ciclo lectivo para transformarse en “secundarias técnicas agropecuarias”. De nueva cuenta las autoridades esperaron un periodo vacacional para decretar el cierre. Tomaron en cuenta el informe previo sobre las comunidades agrarias circunvecinas a cada normal. Las que estaban rodeadas de ejidos o comunidades priístas fueron las más vulnerables.
Un listado, sin fecha y sin folio legible, enlista las normales sentenciadas a desaparecer (formalmente para convertirse en “secundarias”): La Huerta, Michoacán; Galeana, Nuevo León; Champusco, Puebla; Palmira, Morelos; Santa Teresa, Coahuila; Huchiapan, Hidalgo; Reyes Mantecón, Oaxaca; Salaices, Chihuahua; San Diego Tekax, Yucatán; Tamatán, Tamaulipas; Xocoyucan, Tlaxcala; Zaragoza, Puebla; Jalisco, Nayarit, y Perote, Veracruz.
Los estudiantes que trataron de recuperar las escuelas se toparon con un operativo que incluía al Ejército Mexicano, las policías locales, la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio Secreto y la CNC. En los documentos se asienta que se organizaron contingentes de hasta 200 campesinos afiliados al PRI para enfrentar a los estudiantes de manera abierta en cada escuela. Contaban siempre con el apoyo de los militares y las corporaciones policiacas.
Así, otro documento, sin folio ni fecha, señala: “[…] en algunas Normales Rurales núcleos de campesinos impidieron que las mismas fueran tomadas por los alumnos; en otros casos elementos de la Policía o del Ejército se posesionaron de los planteles para evitar que los estudiantes lo hicieran […]” (sic).
El informe detalla el caso de algunas escuelas, como la de Santa Teresa, Coahuila, de la que se informa incluso que los militares apostados eran del 16 Regimiento de Caballería.
Así, para fines de 1969, la FECSM agrupaba a 15 escuelas normales rurales: Cañada Honda, Aguascalientes; Panotla, Tlaxcala; Saucillo, Chihuahua; Tamazulapan, Oaxaca; Teteles, Puebla; Atequiza, Jalisco; El Mexe, Hidalgo; El Quinto, Sonora; Hecelchakán, Campeche; Mactumactzá, Chiapas; San Marcos, Zacatecas; Aguilera, Durango; Tiripetío, Michoacán; Tenería, Estado de México, y Ayotzinapa, Guerrero. En el sexenio de Luis Echeverría se crearía una Escuela Normal Rural más, gracias a la presión de los estudiantes y de algunas comunidades campesinas de Morelos: la de Amilcingo, ubicada en ese estado.
Desde entonces, las normales han sobrevivido gracias las movilizaciones que realizan año con año: para que las autoridades educativas publiquen las convocatoria de nuevo ingreso, mantengan el sistema de internado, mantengan o incrementen la beca alimenticia y para que mejoren las condiciones materiales en las que realizan sus actividades académicas.
En 2007, los gobiernos federal panista, encabezado por Felipe Calderón, y estatal priísta, a cargo del actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, concretaron la desaparición de la normal rural de El Mexe, Hidalgo. Desde 2003, a la escuela se le había suspendido el nuevo ingreso. Los estudiantes perdieron la lucha y otra escuela hermana perdió la FECSM.
Sin embargo, la lucha de los purépechas en Michoacán a finales de la década de 1990 logró la apertura de la Escuela Normal Indígena. Cuenta con los cinco ejes del normalismo rural (académico, político, productivo, cultural y deportivo) y desde hace aproximadamente 3 años es la más joven integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Fuente.-Contralinea

DESPERTAR CIUDADANO....esta COSECHANDO LOGROS !!!....GOBIERNO RECULA, pide DISCULPAS y ofrece SANCIONES. !!!

Aunque el despertar de conciencias en el ciudadano aun es incipiente,las movilizaciones,aquellas que son pacificas,los reclamos,los reproches ,la exigencia en las calles como en las "redes sociales" han hecho recapacitar a los Gobiernos y aunque el avance es ínfimo no deja de ser significativo que las autoridades están empezando a "recular" en abusos y atropellos,el primer indicio es la DISCULPA....INSOLITO pero cierto,entérate como se ha manifestado esto en los últimos días,solo 3 casos como un indicador indiscutible de lo que se esta logrando y que reafirma es el camino correcto...EXIGIR y RECLAMAR.

....." La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) admitió que la detención del estudiante de la UNAM Sandino Bucio Dovalí fue "irregular" y suspendió a los agentes de la Policía Federal que participaron en el arresto, que se difundió en un video a través de redes sociales este viernes.
Esta detención supuestamente derivó de investigaciones que realizaron los agentes tras los disturbios del 20 de noviembre, en los que resultaron lesionados algunos de sus compañeros.
"El pasado 28 de noviembre, elementos de la Policía Federal detuvieron a Sandino Bucio Dovalí, a quien se le imputa la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en posibles actividades de corte vandálico.
"Los hechos se dieron cuando algunos elementos de la Policía Federal, quienes no se encontraban uniformados y se desplazaban en un automóvil sin logotipo alguno de la corporación, identificaron a Sandino Bucio, quien unos días antes había atacado a uno de sus compañeros durante una manifestación frente al Palacio Nacional".
En un boletín de prensa, la CNS agregó: "Al notar la presencia de Bucio Dovalí, el personal policial detuvo la marcha y procedió a su detención, de manera irregular, con la finalidad de que éste declarara por estar implicado en los desmanes del 20 de noviembre pasado".
La CNS destacó que los policías que participaron en estas acciones han sido suspendidos para que enfrenten el proceso correspondiente y se deslinden las responsabilidades que, en su caso, correspondan.
"La Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad lamenta este acontecimiento y refrenda su compromiso de que la Policía Federal actúe siempre en apego a la legalidad y con estricta observancia a los derechos humanos, por lo que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de las investigaciones del caso"...."

La INCURSION MILITAR a la (UAdeC) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA :


Armando Luna Canales, secretario de Gobierno en Coahuila, señaló que los cinco militares involucrados ya se encuentran bajo arresto; asimismo, garantizó la seguridad de los universitarios.

Torreón, Coah.- Castigos ejemplares recibirán los militares que ingresaron armados a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para identificar a alumnos que participaron en manifestaciones de solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, informó la XI Región Militar y la Comandancia del Operativo Laguna Segura.

Armando Luna Canales, secretario de Gobierno en Coahuila, señaló que los cinco militares involucrados ya se encuentran bajo arresto; asimismo, garantizó la seguridad de los universitarios.
Al preguntarle si el Ejército se compromete a que no se repita lo ocurrido en Torreón, el funcionario señaló:
Por supuesto, eso es parte importante de la plática que se tuvo con los jóvenes, con el personal de la escuela, dejar muy claro que no es una intención del Ejército, solamente fue alguien que ejecutó de manera indebida una instrucción que se le pidió. Las personas fueron disciplinadas en materia de las normas militares, son sujetos a un arresto”, expuso.

Ayer por la tarde, el general Sergio Martínez Castuera, comandante del mando único y del Operativo Laguna Segura, se entrevistó con alumnos y docentes de la Facultad y les aseguró que el Ejército no tiene interés de reprimir manifestaciones de protesta.

LOS 11 DETENIDOS DEL #20NovMX:

"CLAMOR de PADRES de NORMALISTAS.: "Que revisen las BASES MILITARES" !!!


Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y organismos pro derechos humanos, el gobierno federal ha “simulado” la búsqueda; sólo se limita a recorrer las inmediaciones de Iguala y Cocula, por lo que exigen una nueva revisión en El Carrizalillo, El Naranjo y Santa Teresa, pero sobre todo en las bases militares.
Mexico,D.F 30/Nov/2014 “No confiamos en los militares porque no ayudaron a nuestros muchachos, a pesar de que heridos llegaron a pedirles ayuda. En su lugar los robaron y sobajaron. Ya fueron algunos padres a un cuartel, pero sólo llegaron hasta donde les permitieron”, refiere Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González.
A su vez, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dice: “Pensamos que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa pudieron ser trasladados en grupos a diferentes lugares, pero algunos de esos lugares no han sido inspeccionados por las autoridades”.
En diciembre de 2011, el activista denunció el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Hoy manifiesta su desconfianza respecto al caso de las 43 desapariciones:
“Se supone que el gobierno federal implementó dos tipos de búsquedas: la institucional, realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), y la alterna, basada en los lugares que proponen los padres de familia.
“En el plan que nos presentaron, las autoridades hablaron de cuatro etapas, divididas en 10, 30, 60 y 100 kilómetros de radio, partiendo de Iguala. Hasta ahora desconocemos en qué etapa están; lo único que sabemos es que han acudido a 144 lugares.”
Según la PGR, sus peritos buscan en fosas por si están muertos y la Policía Federal intenta hallarlos con vida. Aunque el gobierno diga lo contrario, los militares tienen poca presencia en el lugar. “Desde el primer día nos dimos cuenta de que el Ejército no tiene la intención de realizar una búsqueda exhaustiva, lo mismo que los marinos”, dice.
En la conferencia de prensa del viernes 7, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que participaban 10 mil elementos en la pesquisa. Una semana antes, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), precisó el plan de búsqueda: hay 10 mil elementos: 6 mil 800 militares, 900 marinos, mil 700 elementos de la PF, 300 investigadores de la AIC, 110 peritos y 50 agentes del Ministerio Público federal, con el respaldo de cinco helicópteros, cinco aeronaves no tripuladas, ocho lanchas, ambulancias, 16 binomios caninos y 15 binomios equinos.
Con base en el mismo plan, se han realizado 100 recorridos terrestres y 143 sobrevuelos, se han revisado 115 zonas y efectuado 40 reconocimientos de agua, y se han repartido 20 mil volantes; incluso hay una línea telefónica 01800 y se ofrece una recompensa por 64.5 millones de pesos a quien dé información.
Pero eso “es falso, ya que esos 10 mil están dispersos en el estado, no concentrados en un área para la búsqueda. En realidad, sólo ha participado la Policía Federal con mil 708 elementos”, sostiene Olivares.
Considera que la búsqueda debe ir acompañada de una labor de inteligencia previa que nunca ha existido, además de que el gobierno no quiso entrar en casas abandonadas o lugares “sospechosos”, con el argumento del respeto al estado de derecho.
–¿Qué día empezaron los recorridos?
–El 29 de septiembre. Se acudió a cinco lugares: la colonia Sol Azteca, Pueblo Viejo y otros tres. Fuimos junto con elementos del Ejército, las policías Estatal y Federal. No se encontró nada.
“Un mes después, el 27 de octubre, cerca de Pueblo Viejo, la PGR encontró las primeras fosas con 30 cuerpos. Eso quiere decir que el primer recorrido fue de manera superficial y rápida, porque en un solo día se fue a cinco puntos.”
Según los padres de los normalistas hubo lugares a los que no entraron, entre ellos la colonia Pueblo Viejo y Sol Azteca, en Iguala. Y en la capilla católica del paraje de Mayanalán, municipio de Tepecoacuilco, regresaron a los tres días, cuando localizaron a los encargados de la iglesia; perdieron mucho tiempo.
Don Emiliano Navarrete inició la búsqueda el 28 de septiembre, acompañado de otros tres papás, en los pueblitos contiguos a Iguala. Escuchaban rumores de que los estudiantes podían estar en Acaquila, Huitzuco y Acayahualco de Tepecoacuilco. En ese lugar, en una loma, hay una iglesia abandonada.
“Conseguí esa información con un señor que decía que por allí podía estar, porque esa iglesia es guarida de la delincuencia y allí llevan gente que secuestran. Es una iglesia abandonada que es visitada cada año porque hay una cruz y hacen fiesta el 3 de mayo”, cuenta don Emiliano.
Añade: “Hace poco más de un mes, en Acapulco pasaban por la radio que los muchachos estaban en Carrizalillo, en una iglesia. Era el 18 de octubre, fiesta del señor San Lucas. Le marqué al comisionado y me dijo que iríamos al siguiente día en la mañana. Nos anotamos 12 padres, pero un familiar dijo que había retenes de maleantes y muchos se echaron para atrás”.
Luego les dijeron que habían visto a los jóvenes en el poblado El Epazote, que andaban armados y eran parte del grupo criminal Los Ardillos. “Una señora dijo que habían ido a buscar tortillas en ese pueblito. El comisionado aprobó volar de Chilpancingo a El Epazote, pero sólo fuimos a preguntar a la población si había visto a los jóvenes. Son pueblitos que se dedican a sembrar amapola y mariguana, pero no nos iban a decir con sólo preguntar. No se revisó ningún lugar específico. Nos retiramos.”
En otra ocasión fueron a decirles que un señor de Chilpancingo sabía en dónde estaban sus hijos. Se trasladaron a la colonia Independencia. Al llegar, les dijo a los padres que los jóvenes estaban muertos, que sólo dos estaban vivos, entre ellos el hijo de don Emiliano. Le pidió a éste mil 200 pesos a cambio de información. Con la desesperación, don Emiliano le entregó el dinero, y aquél le dijo que el muchacho estaba en Pueblo Viejo, en donde encontraron las fosas, sólo que más adentro, en una casa de material.
El domingo 16, sigue don Emiliano, llegó una persona a la Normal diciendo que ella sabía dónde estaban porque tenía un hijo al que secuestraron el día en que se llevaron a los estudiantes; agregó que iban en el mismo vehículo, pero que a su hijo lo habían dejado salir porque eran hermanos de religión.
“Fuimos a un consultorio médico de Marino Román, a quien asesinaron por no pagar derecho de piso, a algunas casas y a una iglesia presbiteriana. Y nada”, lamenta don Emiliano. En ese lugar los federales sí catearon domicilios.
–¿Le han pedido ayuda a los militares? –se le pregunta.
–No. En nuestras reuniones nunca ha participado ningún jefe militar. Sólo tenemos comunicación con los federales y con la PGR.
–¿La PF y la PGR les han mostrado un plan de búsqueda?
–No. Yo les pregunto que por qué tenemos que buscar nosotros si los responsables –los policías que agredieron a nuestros hijos, el exalcalde José Luis Abarca y su esposa– ya están detenidos. Ellos son clave para dar con el paradero de los muchachos; ellos se los llevaron, no la delincuencia.
“Le dije a Murillo Karam: Por qué, teniendo a los policías que participaron, no torturan a uno; a final de cuentas son lacras de la sociedad, son personas que van a dañar a más personas. Y si un segundo tampoco confiesa, pues ya lo hará el tercero. Dijo que no. Que está en contra de la violencia.
“Entonces, si están contra la violencia, que le enseñe a su gobierno a no ejercer la violencia contra los ciudadanos. Nuestros hijos son inocentes, no estaban armados, pero ellos tiraron a matar: hay más de 200 casquillos en esa agresión. Mi hijo, a sus 18 años, empezaba a disfrutar la vida.”
Sobre lo señalado por Murillo Karam acerca de que la procuraduría se dedicó a buscar en los lugares señalados por los padres, el entrevistado señala: “Nosotros les dijimos que necesitamos participar independientemente de su plan de búsqueda. Si ellos no avanzan, es porque no tenían un plan. No se ha visto que tengan una estrategia, porque con excepción del absurdo del basurero de Cocula, no hay resultados. Todo está como al principio.”

...y PESE al DESPLIEGUE FEDERAL en GUERRERO....LEVANTAN a 5 PROFESIONISTAS,los EJECUTAN y CALCINAN.


“El gobierno quiere que desaparezcan 43 estudiantes para actuar porque cinco desaparecidos no le importan”, lamentó.

Chilapa, Guerrero, 30/Nov/2014 El edil de Chilapa en el estado de Guerrero Francisco Javier García González, admitió que la situación de violencia lo sobrepasó, un grupo armado levantó a cinco hombres, entre ellos un empresario constructor y dos arquitectos.
Los hechos se registraron el pasado miércoles 26 en las inmediaciones del poblado de El Jagüey, cuando los profesionistas ejecutaban un proyecto del programa Escuelas de Calidad, en una zona marginada controlada por la delincuencia que opera impunemente.
De acuerdo con Proceso, El Jagüey es lugar colindante con el municipio de Quechultenango donde sicarios al servicio de "Los Ardillos" y "Los Rojos" mantienen una brutal confrontación que se ha recrudecido esta semana.
En tanto, los familiares de las víctimas señalaron como responsables al presidente del Congreso, el diputado local del PRD, Bernardo Ortega y sus hermanos Celso y Antonio, a quienes se les identifica por las autoridades federales como líderes del grupo delictivo "Los Ardillos".
El hecho se da a unos días de que se localizaron 11 hombres decapitados y semicalcinados en el municipio de Chilapa, además del hallazgo, la noche de ayer, de otros 5 calcinados dentro de una camioneta.
Consultado por el mencionado medio, el empresario José Díaz Navarro reprochó la actitud de las autoridades federales y estatales porque se han negado a intervenir en el caso, a pesar de que presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General estatal (FGE).
“El gobierno quiere que desaparezcan 43 estudiantes para actuar porque cinco desaparecidos no le importan”, lamentó.
Explicó que los cinco profesionistas viajaban en una camioneta negra Toyota modelo Tundra con placas de Morelos, explicó José Díaz, cuando un grupo armado que se desplazaba a bordo de una camioneta de redilas interceptó el vehículo y se los llevaron por la fuerza rumbo al municipio de Quechultenango.
LOS EJECUTAN Y CALCINAN:

Los cadáveres se encontraron dentro de una camioneta en el punto conocido como el crucero a Acatlán, una comunidad indígena del municipio 
Cinco cuerpos dentro de una camioneta calcinada fueron encontrados esta noche en el punto conocido como el crucero a Acatlán, comunidad indígena de Chilapa de Álvarez. 
De acuerdo a reportes de la policía municipal de este lugar, hasta las 22:30, no había llegado el servicio médico forense a realizar las diligencias correspondientes en ese tipo de situaciones. 
El alcalde de Chilapa, Francisco Javier García González, informó sobre el arribo de 500 efectivos militares y 30 policías estatales para reforzar la seguridad de su municipio, además admitió que la situación de violencia lo sobrepasó. 
En redes sociales, apareció un cartel titulado en letras rojas "Vivos se los llevaron", luego están las cinco fotografías de personas que fueron secuestradas el miércoles pasado en la comunidad de El Jagüey, los cinco profesionistas viajaban en una camioneta negra Toyota modelo Tundra con placas de Morelos, cuando un grupo armado que se desplazaba a bordo de una camioneta de redilas interceptó el vehículo y se los llevaron por la fuerza rumbo al municipio de Quechultenango.

IV INFORME: EGIDIO TORRE no nos informo "NOS CUENTEO"....al estilo de "Polo-Polo".


EGIDIO SIGUE  "ENDEUDADO" CON LOS TAMAULIPECOS EN MATERIA DE SEGURIDAD,ENTERATE QUE DIJO AL RESPECTO EN SU IV INFORME.

Reynosa,Tam. 30/Nov/2014 .- En lo que constituyo una "singular" forma de INFORMAR,mas al estilo  de un profe de escuela "rural" o el "simpático" que da las noticias del Tiempo en TV,el Gobernador de Tamaulipas redujo la formalidad del "clásico" formato del INFORME GUBERNAMENTAL  al "dicharachero" estilo de un comediante o una  platica entre cuates,una velada "diurna" entre amigos que esporádicamente le celebraban alguna de sus "jocosas' ocurrencias como cuando le fallo el equipo con que proyectaba diapositivas y explicaba estas  en orden cronologico dijo que habiéndolas   practicado hasta 14 veces "nunca fallo".

EGIDIO TORRE CANTU inicio con el TEMA DE LA SEGURIDAD en que esta en DEUDA CIUDADANA,hizo un recuento y en base a el nos "recuenteo",hablo de las POLICIAS ESTATALES ACREDITABLES,de su conformación de ya casi 3,000 aunque no dio detalles de los ABUSOS por esta cometidos y que mantienen a salto de mata a uno de sus titulares en Nuevo Laredo acusado de VIOLACION  y a otro grupo de estos acusado de inferir heridas graves a una estadounidense embarazada que recibió disparos por parte de estos en Reynosa ante su falta de imprudencia y  preparación .Siguio hablando de los apoyos a Militares y Marinos con la construcción de NUEVOS CUARTELES y la remodelación de otros,dio a conocer que operan en el estado casi 15 Mil ELEMENTOS DE FUERZAS FEDERALES en el contexto del nuevo esfuerzo Federal en SEGURIDAD,hablo del dinero que les paga a nivel de 2 mil pesos por cada uno,de su sustancioso SEGURO de VIDA hasta por 1 millón de pesos erogado por el Estado,dinero que no "tenemos" y por el que EGIDIO TORRE  ha recurrido reiteradamente al endeudamiento publico del que no hablo y que ya rebasa los 10 mil millones de pesos,al haber recibido el estado con una deuda publica de 7 mil millones en 2010,no hablo de la incapacidad de pagarla y si incrementarla en un evidente mal uso de recursos cuyo endeudamiento  llegara a 11 mil millones al fin de año.

En este mismo tema  mas que INFORMAR quiso dar un detallado de lo que llamo avances en SEGURIDAD mas al estilo de un PARTE POLICIACO que buscaba pormenorizar decomisos de "armas , cartuchos y droga decomisada",el INFORME DE EGIDIO es en síntesis un REPORTE DE GASTOS para JUSTIFICAR EL DISPENDIO pero no de logros,habla y detalla los apoyos y omite los beneficios,pues la INSEGURIDAD PERSISTE y la CRIMINALIDAD subyace,

Sin duda que para muchos será un DESASTROSO INFORME que si bien resulta menos tedioso al salirse del formato,dejo de lado la "seriedad" para entrar de lleno al "cotorreo",pues emulaba constantemente al comediante "polo polo".

A las 14:48 hrs el Gobernador consecuentemente seguía haciendo saber a los Tamaulipecos los distintos rubros de la Administración Estatal en los temas de SALUD y EDUCACION....